Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de abril de 2020.- Mientras que organizaciones sociales y activistas piden al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, justicia para una mujer presuntamente golpeada y atacada sexualmente por un militante de la Codep, integrantes de organizaciones sociales lo defienden y señalan como preso político.
En un comunicado, decenas de activistas por los derechos de las mujeres exigieron protección y atención a la víctima de violencia de género y tentativa de femicidio, cuyo caso se registró la madrugada del 29 marzo y quedó grabado en video, mismo que se viralizó en las redes sociales el pasado 1 de abril.
En éste se puede ver la agresión de la que es víctima una joven mujer, que pide ayuda a gritos desde el interior de su casa, por lo que incluso intervienen sus vecinos, uno de ellos el que filma el video que evidencia la violencia que ejerce Ernesto L. L., integrante del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), en contra de su pareja sentimental.
Por lo anterior, las activistas y organizaciones sociales solicitaron la vinculación a proceso del agresor, detenido en flagrancia por policías municipales y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por los delitos de tentativa de feminicidio y violación.
Así mismo, demandaron la detención y puesta a disposición de las personas que impidieron que la víctima realizara su declaración, como también quedó registrado en un video difundido en las redes sociales y de lo cual se responsabiliza principalmente a Jaqueline López Almazán y Samuel Castellanos Piñón, ambos líderes de la Codep.
“Las organizaciones y personas firmantes estamos convencidas que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia puede ser una realidad si las autoridades cumplen con la ley y se garantiza a las víctimas el acceso a sus derechos. En sus manos está lograrlo”, cita de documento.
LO DEFIENDEN
Mientras que integrantes del Movimiento Nacional Unidad Democrática minimizaron las acusaciones en contra de Ernesto L. que lo señalan como agresor sexual y potencial feminicida, y aseguraron que se trata de una víctima de la enbestida del Estado en contra de activistas sociales.
Pese a los videos existentes y difundidos en las redes sociales, aseguraron que se trata de acusaciones falsas como parte de la persecución política de la que son víctimas los luchadores sociales en entidad oaxaqueña, incluso aseguraron que Ernesto L. es un preso político más, por lo que pidieron su liberación inmediata.
Así mismo reclamaron que no existe acusación formal –dado que quedó evidenciado que no se permitió a la víctima declarar–, por lo que calificaron su detención como parte de los ataques y desprestigio hacia la organización social que recientemente -por medio de intensos bloqueos- exigió solución a sus demandas de justicia y respeto a sus derechos humanos.
“En un escenario de aparente «problema» sin trascendencia alguna y sin que exista acusación directa se ha detenido al compañero Ernesto L. L., con imputaciones falsas involucrándose personas ajenas y en la que se buscaron causales y escenarios inverosímiles y falsos, caso que denota una persecución y represión por consigna política…” es parte de lo que cita el comunicado.
Finalmente, aseguraron que desde la pasada movilización que realizaron a mediados del mes de marzo, las autoridades estatales ya preparaban una serie de argucias legales en contra de la dirigencia de la Codep, por lo que insistieron en la persecución gubernamental de líderes sociales y la exigencia de su liberación inmediata.
