Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de abril de 2020.- En medio de la crisis sanitaria que se vive en el mundo por la pandemia del Covid-19, organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Oaxaca que encabeza Alejandro Murat, no reprimir a la población y garantizar la salud y economía popular de los grupos históricamente más vulnerados, a la par que cuestionaron las medidas hasta ahora implementadas por la administración.
Y es que de acuerdo con más de 80 organizaciones firmantes de un manifiesto titulado “Por la salud y la economía populares en el estado de Oaxaca”, el mandatario estatal implementó una política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído, que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a su familias, en lugar de asumir una política social que permita a la población más desfavorecida guardar las recomendaciones del gobierno federal, incluido el quedarse en casa.
Lo anterior ante la disposición previa del uso obligatoria del cubrebocas en la entidad oaxaqueña y las sanciones que pueden ser hasta de 36 horas de prisión para quien no cumpla con la disposición oficial, además de realizar el cierre de los principales espacios públicos en la entidad, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la población, particularmente de la que por necesidad ni puede quedarse en casa.
Como ya lo hicieran otros colectivos de personas organizadas, pidieron establecer de manera urgente las medidas económicas necesarias para atender prioritariamente la salud de la población oaxaqueña, mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos.
La contratación de personal sanitario; la recontratación del personal afectado con los despidos masivos tras la disolución de los extintos programas Prospera y Seguro Popular, y la ampliación y reconversión hospitalaria para hacer frente a la pandemia por el Covid-19.
Apenas este lunes, personal del ISSSTE volvió a manifestar su preocupación por no contar con material y equipo necesario para dar atención a la contingencia, previamente lo hicieron trabajadoras y trabajadores del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, quienes expusieron las deficiencias a las que se enfrentan en estos momentos.
Por ello, exigieron hacer público el presupuesto y la distribución de èste en el sector salud, a fin de que conozca en donde se invertirán cada uno de los recursos en favor del personal médico que arriesga su vida y de la ciudadanía misma, que pareciera no ser prioridad para las autoridades locales.
“Aun en el contexto de la crisis sanitaria, la salud no es una prioridad para el gobierno del estado. El gobernador no ha hecho públicos los recursos que destina para la atención de la salud durante la emergencia, frente a la debilidad del sistema de salud del estado, caracterizado por la insuficiencia de medicamentos, equipo, insumos, infraestructura y personal médico, que por lo general tiene que sufragar los gastos de su propia protección”, refirieron.
Con el conocimiento previo de que el confinamiento en casa está siendo perjudicial para las mujeres, que se enfrentan a la violencia familiar, las organizaciones firmantes pidieron al gobierno hacer del conocimiento público los prepuestos y acciones de Estado para hacer frente de manera integral a los impactos de la pandemia, frente al incremento de la violencia feminicida y feminicidio.
De acuerdo con los organismos firmantes, la omisión de esta problemática en el marco de la emergencia sanitaria confirma una forma de violencia de género cometida desde las instituciones del estado.
“Con la emergencia han aumentado los feminicidios y, de manera alarmante, las desapariciones de mujeres, mientras el gobierno sigue empeñado en la simulación y el maquillaje de cifras” reclaman, a la par que cuestionan la falta de políticas para reducir la
cuádruple jornada laboral que enfrentan las mujeres durante la cuarentena.
Finalmente, también exigieron garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado de Oaxaca; establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales; atender a la población más vulnerable con sus programa de estabilidad económica que deben incluir medidas como seguro de desempleo o renta universal.
De igual forma, pidieron al Congreso del Estado de Oaxaca realizar de manera urgente las reformas legislativas necesarias para obligar al Poder Ejecutivo del Estado a ejercer su presupuesto atendiendo como prioridad la salud y la vida de la población oaxaqueña; así como mantenerse vigilantes de que el presupuesto y las acciones del gobierno del estado de Oaxaca dirigidas a la estabilidad económica del estado se orienten a los sectores realmente más desfavorecidos.
Algunas de las organizaciones firmantes son: Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (Educa); Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi); Corriente del Pueblo Sol Rojo y Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), entre otras.
