Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de mayo de 2020.- Los parques eólicos operados por Iberdrola, Acciona y Grupo Cobra en Oaxaca serían renegociados para fijar nuevas condiciones de compra de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron fuentes del sector energético.
De acuerdo con información publicada por el diario “El Universal”, el gobierno federal tiene en la mira los contratos que se firmaron con generadores eólicos privados en administraciones pasadas.
En Oaxaca, el Gobierno del Estado ha presumido que en la región del Istmo de Tehuantepec, concretamente en la zona de La Venta-La Ventosa, Juchitán, hay instalada una de las mayores infraestructuras de producción de energía por el viento.
No obstante, el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador a través de la Comisión Federal de Electricidad prevé, de acuerdo con el calendario histórico de pagos por adquisición de electricidad, no contabiliza presupuesto en 2021 para comprarles electricidad a las centrales La Venta III, de Iberdrola; Oaxaca I, de Grupo Cobra, así como a Oaxaca II, III y IV, de Acciona.
Dichos contratos para la construcción de los parques eólicos bajo el esquema de Inversión Financiada Condicionada amparan la compra de energía eléctrica limpia por 20 años, y este 2020 se cumple la mitad del plazo, añade la información publicada hoy por “El Universal”.
Hasta ahora, la empresa estatal ha desembolsado 19 mil 726.1 millones de pesos para pagar la energía eléctrica que estas centrales le han vendido desde 2010. Consultada al respecto por “El Universal”, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), como vocera de las compañías privadas involucradas, reconoció que la renegociación “es algo que pudiera ocurrir”.
Pero si la CFE falla en algunos de estos contratos, por ejemplo, al dejar de comprar y pagar, ello implicaría la rescisión del trato y el titular “podría demandar al gobierno mexicano por la totalidad del valor de los activos”.
Son plantas que llevan muchos años en operación y, aunque el bien esté totalmente amortizado, “se tiene que pagar el remanente del contrato, lo que significa que aunque la CFE decida dejar de pagar, esto generaría un pasivo para el gobierno que tiene que liquidar”, refiere la información.
