Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de junio de 2020.- “Lo único que hemos encontrado en estos dos años es una serie de hechos que nos llevan a la simulación institucional, la complicidad y finaliza con una enorme impunidad”.
Así resume la periodista Soledad Jarquín Édgar 24 meses de injusticia por parte de gobierno de Oaxaca en el asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín, perpetrado en Juchitán de Zaragoza.
Han pasado ya dos años de aquella madrugada del 2 de junio en la que un ataque armado, le quitaron la vida a la joven fotoperiodista, entonces trabajadora de la Secretaría de Asuntos Indígenas y comisionada por el gobierno a una campaña política.
Hasta hoy, poco o nada se sabe de los autores materiales e intelectuales de los hechos y por tanto no hay castigo. La Fiscalía General del Estado guarda hermetismo y actúa con absoluta negligencia, según ha denunciado la familia.
La impunidad, la simulación y la complicidad por parte de las autoridades estales han sido una constante durante estos 24 meses, en los que han hecho caso omiso a las solicitudes, peticiones y exigencias de una madre que sólo busca justicia para su pequeña hija.
TRES DELITOS DENUNCIADOS
Por el caso de María del Sol hay tres carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la primera de ellas por el asesinato de la joven, Pamela Terán y Adelfo Jiménez Guerra, las tres víctimas del ataque armado del 2 de junio del 2018.
Dicho procedimiento dio como resultado la detención de un presunto implicado, Jehú G., que debido a una deficiente integración de la acusación por parte de la Fiscalía, el juez determinó que no existían los elementos suficientes para su vinculación, por lo que fue puesto en libertad.
Al paso de un año se da la detención y vinculación de otra persona que se encuentra en prisión preventiva, José E.
Sin embargo, a casi un año de la privación de su libertad, no se ha podido llevar a cabo la primera audiencia intermedia, la cual ha sido suspendida por fallas técnicas por parte de la Fiscalía, a quien no le importó la sanción a la que se haría acreedora bajo advertencia del juez, por posponer una vez más la audiencia.
De acuerdo con Soledad Jarquín, existe negligencia y una profunda insensibilidad por parte de las autoridades de procuración de justicia, encabezadas por Rubén Vasconcelos Méndez, que acuden a las audiencias sin el trabajo hecho y con un alto nivel cinismo sin importar la presencia de las víctimas.
EL DELITO ELECTORAL
El segundo procedimiento judicial que la madre de María del Sol inició fue una denuncia por delitos electorales, ya que la joven fue obligada -violando la ley electoral- por él priista Francisco Montero López, titular en ese momento de la Secretaría de Asuntos Indígenas, a cubrir la campaña política de su hermano Hageo en Juchitán de Zaragoza.
“Yo fui muy insistente en que se abriera una investigación por probable delito electoral ya que el jefe de mi hija, secretario de Asuntos Indígenas, la había enviado a apoyar una campaña política a Juchitán de Zaragoza, lo cual configuraría un delito electoral por uso de recursos públicos materiales y humanos”, refiere la periodista.
Al respecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de Araceli Pinelo López, mostró resistencia y no judicializó la carpeta de investigación hasta el 19 de diciembre del 2019, es decir, un año y medio después de los hechos, con nulos resultados hasta el momento.
Finalmente, existe una denuncia por robo del equipo fotográfico y de cómputo propiedad de la joven fotógrafa, que fue hurtado de su habitación horas después de que fuera asesinada. Misma que también se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado sin ningún tipo de respuesta.
“La simulación y la complicidad está inmersa en cada una de estas tres carpetas de investigación que pese a las pruebas que se han aportado no hay resultados y seguimos en total impunidad”, apunta Soldad Jarquín.
NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN SIN SANCIÓN
La serie de omisiones e irregularidades en el caso por parte de las autoridades ha derivado en una carpeta de investigación que inicio la Secretaría de Contraloría y Transparencia, misma que fue canalizada al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que preside Manuel Velasco Alcántara y que lleva más de un año sin emitir sentencia en contra de 10 funcionarios y un particular por probables delitos de corrupción.
Mientras que el procedimiento especial sancionador que inició la familia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) siguió su curso hasta llegar a los Tribunales Electorales -tanto estatal como federal- quienes reconocieron actos violatorios a la Ley Electoral por lo que impuso sanciones correspondientes que tampoco ha sido ejecutadas por el gobierno de Oaxaca.
Las resoluciones judiciales refieren una sanción económica por más de 90 mil pesos que el hoy regidor de Juchitán, Hageo Montero López, tiene pendiente de pagar.
Además de la instrucción al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para sancionar a quien era su subalterno, Francisco Javier Montero López, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Indígenas.
De acuerdo con Soledad Jarquín, la Secretaria de Finanzas se suma a la lista de instancias simuladoras en el caso, toda vez que es la que tendría que ejecutar la orden de pago, sin embargo, no ha cumplido con el mandato judicial bajo el argumento de que no han podido localizar el domicilio del regidor, a quien claramente podrían buscar al interior del ayuntamiento juchiteco.
Así mismo el gobernador de Oaxaca al no sancionar como debería a quien fuera su funcionario y que cometió un delito electoral hace dos años.
“En estos dos años yo toqué las puertas que pude, abrí los escenarios que pude y lo que puedo decir es que hay una total impunidad”, concluye la reconocida comunicadora.
El caso de María del Sol es un claro ejemplo de la simulación, negligencia, complicidad y corrupción que involucra a la Fiscalía General Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Finanzas y al propio gobernador de Oaxaca, quienes han evadido su responsabilidad y no han cumplido con la parte que les corresponde para brindar justicia a una joven, una familia y cientos de personas que se han unido en la exigencia de “Justicia para Sol”.
