Redacción/Zona Roja.
Ciudad de México, 4 de julio de 2020.- Fueron dos millones de dólares los que se habrían repartido entre tres funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”.
El dinero se habría entregado poco antes de las tres de la mañana del pasado jueves, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, publicados hoy por el diario “La Jornada”.
Un seguimiento de seis años y la aprobación de una solicitud de intervención telefónica para escuchar por más de seis meses las conversaciones de diversos familiares de “El Mochomo” y otros involucrados con el cártel Guerreros Unidos, permitió que las autoridades federales establecieran la ubicación de Casarrubias Salgado en Metepec, Estado de México, a donde acudió a una reunión familiar, y así se logró su captura.
De la misma manera se conoció de las negociaciones para sobornar a funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Toluca para que lo dejaran en libertad por la acusación de delincuencia organizada, y se obtuvieron los elementos que ahora lo tienen bajo arraigo durante 40 días, tiempo en el cual se perfeccionará otra acusación por delincuencia organizada, y posibilitará que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa concluya sus investigaciones y le impute responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
Según la información del diario “La Jornada”, funcionarios que participan en el gabinete de Seguridad federal revelaron que parte de la estrategia de la defensa del líder de “Guerreros Unidos” fue que se desecharan 14 de las más de 40 pruebas aportadas por el Ministerio Público federal.
El argumento fue que consistían en imputaciones directas provenientes de expedientes ministeriales y que éstas se presentaron en copias certificadas, por lo que no podía dárseles valor probatorio, situación que fue corroborada en la argumentación con la cual se decretó el auto de libertad.
Los entrevistados señalaron también que, en su determinación, la autoridad judicial rechazó las 14 pruebas sin mayor análisis y el resto ya no fueron valoradas, por ello el Ministerio Público ya apeló la resolución y espera que un tribunal revise el expediente y ordene que se le dicte el auto de formal prisión por la acusación formulada la semana pasada y por la cual sus defensores legales y familiares entregaron los dos millones de dólares a funcionarios judiciales que impulsaron la resolución que favoreció a Casarrubias Salgado.
Según la publicación de “La Jornada”, de los seis años que estuvo prófugo, en los cuatro recientes el gobierno federal buscó detener a José Ángel Casarrubias Salgado; varias ocasiones se le ubicó en distintos puntos de la sierra de Guerrero, pero nunca llegaron a tiempo o las fuentes alertaban de última hora cambio de ruta o de planes del líder “de Guerreros Unidos”.
Sin embargo, desde 2019 se intensificó la búsqueda como parte de las investigaciones del llamado caso Ayotzinapa, indicaron las autoridades consultadas.
José Ángel Casarrubias Salgado permanece detenido en el Centro Nacional de Arraigo que se localiza en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde está vigilado de manera especial.
(Información del diario “La Jornada”)
