Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 11 de julio de 2020.- Tomás Zerón, el ex gobernador César Duarte y el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, son tres personajes que fungieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ahora son investigados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusados de corrupción.
En tanto, la autoridad federal anunció también la localización del empresario mexicano de origen libanés, Kamel Nacif Borge, en el Líbano y tramita ya su extradición, bajo la acusación de tortura contra la periodista Lidia Cacho.
Después de que Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio anterior, fue ubicado en Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició el proceso para solicitar al gobierno de ese país su extradición, a fin de que responda en México por los delitos que se le imputan, relacionados con el caso Ayotzinapa.
La dependencia resaltó que también es importante la extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, para que sea procesado en México, ante múltiples denuncias por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La SRE integró la solicitud de extradición por varios delitos; la primera vez, con 16 órdenes de aprehensión giradas por la fiscalía de Chihuahua.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, y enfatizó que no fabricarán delitos a nadie, como era costumbre”, dijo ayer Marcelo Ebrard.
En tanto, el traslado a México del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin está en manos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), que ya fue notificada de la vía libre para activar el dispositivo para su entrega a las autoridades de su país.
El día y la hora del traslado se mantienen en un hermético secreto, entre otros motivos por la seguridad que rodea al caso y por garantizar la integridad tanto del detenido como de los agentes policiales que lo custodiarán hasta que se formalice la entrega en territorio nacional.
ORDENAN INVESTIGACIÓN
Por otra parte, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace unos días que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sí tiene atribuciones para sancionar irregularidades administrativas graves, la titular de dicho organismo, Irma Eréndira Sandoval, ordenó iniciar de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades cometidos entre julio de 2013 y julio de 2017, que abarca casi todo el periodo de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
A través de una circular fechada el 9 de julio –de la cual el diario “La Jornada” tiene una copia–, la funcionaria recordó que el pasado miércoles la Segunda Sala en Materia Administrativa Laboral de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 103/2020, interpuesta por Sandoval.
(Con información de “La Jornada”)
