Redacción/Estado 20
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de julio de 2020.- Las prácticas ilegales y los abusos policiacos documentados en la entidad han disparado el nivel de impunidad y la tasa de no denuncia de delitos en Oaxaca, según el Índice Global de Impunidad en México (IGI) 2016.
De acuerdo con aquella medición, la desconfianza hacia los órganos impartidores de justicia incide en la revictimización de las personas que han vivido graves violaciones a sus derechos humanos, puesto que sus demandas no son atendidas y los culpables no son castigados por sus crímenes.
El IGI 2016 indicó que mientras en el país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos, en el caso particular de Oaxaca, el grado de impunidad con respecto al resto de las entidades federales es más alta, con 71.63 por ciento de casos sin castigo, al tiempo que la cifra negra es de 93.3 por ciento.
Según organizaciones de derechos humanos, “en nuestro país el abuso policíaco abarca distintas formas de comportamiento por parte de los servidores encargados de preservar la seguridad, desde uso excesivo o brutal de la fuerza, detenciones arbitrarias e ilegales, extorsión y corrupción, hasta prácticas de discriminación, como lo son las detenciones o revisiones a sujetos, con base a criterios raciales, étnicos, políticos, económicos o de género”.
En Oaxaca los casos de abusos policiacos no son aislados y la tortura está presente en muchos de ellos. En los últimos meses han quedado en evidencia las fallas estructurales que los cuerpos de seguridad en el estado mantienen.
En uno de los últimos casos, el nueve de junio alrededor de las 22:30 horas, Alexander Gómez de 19 años circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de otros jóvenes sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez Figueroa, en el tramo carretero Vicente Camalote, cuando la patrulla 023 de la policía municipal de Acatlán, que circulaba en sentido contrario con las luces apagadas, les cerró el paso.
De la cabina trasera de la patrulla descendió el policía municipal S. R. R., quien portaba una escopeta y realizó un disparo contra el adolescente, privándolo de la vida. Carlos, que viajaba junto con la víctima, resultó lesionado al derrapar de su motocicleta al tratar de proteger su integridad.
En uno más, el pasado 6 de mayo, un mes antes, los jóvenes Diego y Jaziel Luna Paz, de 20 y 19 años respectivamente, fueron perseguidos por un grupo de pobladores en San Pedro Huitzo, que pretendían lincharlos tras ser señalados del robo de una bicicleta.
Los jóvenes fueron aprehendidos por policías municipales quienes en vez de trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), fueron entregados a varios sujetos que los torturaron y golpearon causándole la muerte a Diego.
Y el pasado 3 de mayo, Salvador L. V., de 30 años de edad, fue detenido por policías municipales en El Espinal, Oaxaca, tras una denuncia por violencia doméstica.
Horas más tarde las autoridades oficializaron la muerte de Salvador informando que éste se encontraba detenido cuando se quitó la vida al interior de la celda municipal utilizando su propia playera; sin embargo, la familia declaró que cuando el joven fue detenido no utilizaba playera por lo que no creía en la versión de la policía, toda vez que argumentaron que cuando una persona es detenida “se le obliga a quitarse los zapatos, el cinturón, la playera o cualquier prenda que pueda ayudarle a atentar contra su persona”.
El caso de Salvador es muy parecido al de Miguel Ángel Cruz Zárate, de 31 años de edad, quien murió el pasado 24 de abril en el interior del penal municipal de Matías Romero, también en la región del Istmo de Tehuantepec, por un presunto ahorcamiento.
No obstante, la familia de la víctima refiere que al recibir el cuerpo se percataron de que éste presentaba diversas contusiones y no tenía señales de estrangulamiento.
En Oaxaca el excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos durante custodia no es nuevo.
El 5 de Abril 2017, el defensor de derechos humanos y presidente suplente de la Unión de las Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Benjamín Juárez José, fue hallado muerto en la cárcel de Matías Romero. La madrugada del 13 de marzo, el líder indígena fue detenido y enviado a la cárcel por la policía mientras estaba denunciando acciones irregulares por parte del gobierno. El día de su muerte, Benjamín fue duramente golpeado por los agentes de la policía, reveló su autopsia.
Ese mismo año, en agosto, Zeferino Soriano Morales, de 35 años, fue detenido por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y asesinado mas tarde en cárcel municipal de Santa Lucia del Camino.
Los familiares sostienen que su caso fue una ejecución extrajudicial que cometió en su contra la policía y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). La versión oficial aseguraba que el joven había muerto de un paro cardiaco pero la autopsia reveló que el cuerpo presentaba contusiones, estallamiento de vaso y hemorragia interna. Zeferino fue golpeado hasta morir, sostienen los familiares.
“En Codigo DH conocimos de la detención arbitraria y posterior asesinato de Salvador Olmos García de 32 años, otro caso de brutalidad a manos de la fuerza pública”.
El 26 de junio de 2016, en el contexto de la represión por parte del estado el 19 de junio en Nochixtlán, Viguera y Hacienda Blanca, Salvador acude a un llamado de la Escuela Normal, para defender la radio comunitaria.
La policía de Huajuapan de León lo detiene en el trayecto alrededor del medio día, acusándolo de haber realizado una pinta en un espacio público. Según testigos, no fue presentado ante el ministerio público, y refieren haber visto a Salvador corriendo descalzo y una patrulla detrás de él, después de unos metros, la patrulla lo arrolla.
Los policías, al percatarse de la mirada de los vecinos, intentan aparentar un accidente, llaman a la ambulancia y lo trasladan al hospital alrededor de las cuatro de la tarde.
La familia de Salvador asegura que éste presentaba claras muestras de tortura en todo el cuerpo. Su caso sigue impune. Un policía acusado fue detenido y puesto en libertad pocos meses después.
Los casos de 19 personas detenidas por Policía Federal y entregados a la policía estatal en el ‘Operativo Oaxaca’ desarrollado en Nochixtlán y otros puntos, el 19 de junio de 2016.
Ante estas situaciones que se han venido repitiendo, ‘urgimos la investigación y sanción de los servidores públicos acusados de tortura; la capacitación en materia de documentación, investigación y resguardo de evidencias, registro y todos aquellos temas necesarios para el cumplimiento de sus funciones asignadas; capacitación sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGPIST) en el estado a los directores, personal de seguridad y custodios, agentes estatales de investigación y personal de salud de los centros penitenciarios; así como el monitoreo de las instituciones públicas de derechos humanos (CNDH, MNPT, DDHPO) a los directores y personal de seguridad con mayor número de quejas con el objetivo de resolver sanciones y evitar abusos’, expone la organización en su documento.
