Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de julio de 2020.- Han pasado ocho años desde que Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, originarios de Chacahua, fueron encarcelados injustamente y señalados sin pruebas como responsables del asesinato de Jesús Israel Moreno Pérez, quien desapareció el 8 de julio de 2011 y cuyo cuerpo no ha sido localizado.
Utilizando la tortura, malos trato y coacción por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Manuel de Jesús López López, los afromexicanos fueron acusados de los delitos de homicidio y robo calificado, con la finalidad de dar carpetazo al caso de la desaparición del joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El caso refleja injusticia, discriminación y racismo hacia personas pertenecientes a la población negra de la Costa oaxaqueña, de acuerdo con Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado y coordinador del Área Jurídica de Código DH, quien detalló que está plagado de toda la perversidad del estado para fabricar culpables a base de tortura.
Lo anterior incluso impactó de manera violenta en la paz de la comunidad de Chacahua, generando un estigma imborrable entre la población afromexicana, aprovechándose de los escasos recursos y pocos estudios de los acusados que les pusieron en una seria desventaja ante las autoridades estatales
“A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afrodescendiente”, refirió.
Para el abogado, no es casual que Honorio y Margarito permanezcan en prisión y sin sentencia, a pesar de que existen suficientes pruebas sobre su inocencia, sin que hasta el momento, ningún funcionario implicado haya sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas que utilizaron.
“Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado de Oaxaca, donde servidores del Poder Judicial y la Fiscalía General como jueces, agentes del MP, peritos y agentes Estatales de Investigación señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia en el estado”, insistió el abogado y defensor.
Fue el padre del joven desaparecido en territorio oaxaqueño, quien en el 2015 interpuso una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que el ejercicio de la acción penal se basó en testimonios contradictorios, autoincriminatorios y obtenidos bajo tortura de las personas detenidas.
A partir de ese momento se evidencio que se trata de una injusticia la que viven los dos afromexicanos desde hace ochos años, acusados de delitos que nunca cometieron y sin que ninguna autoridad haga caso a las demandas de la sociedad civil en la que se pide la revisión del caso y reparación de daños.
