Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de julio de 2020.- A más de un año de la retención y presunto linchamiento de tres personas en San Felipe Güila, perteneciente al municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, el caso ha quedado en el olvido para las autoridades estatales, que desestimaron las múltiples solicitudes de las familias de las víctimas de realizar operativos de búsqueda.
Fue el pasado 6 de julio del 2019 que Everardo Cruz Ruiz, Mónica Guzmán Soriano y José Luis Cruz Ruiz notificaron a su familia que habitantes de la localidad, perteneciente a los Valles Centrales, amenazaban con lincharlos, sin saber el motivo, y a partir de ahí no volvieron a tener noticias de su paradero.
Más de un año ha pasado de los hechos y aunque las familias solicitaron, de forma inmediata y mediante oficios, la intervención del Gobernador de Oaxaca, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaria General de Gobierno y la Guardia Nacional para realizar la búsqueda de las tres personas, ninguna de las instancias respondió de forma positiva al llamado.
Recientemente, personas allegadas a las familias recordaron el caso y denunciaron la injusticia, negligencia, mentira y confabulación política en la desaparición forzada de las tres personas, que incluso fueron tachadas de haberse buscado su destino, sin embargo, la falta de operativos de búsqueda siempre será responsabilidad del Gobierno de Oaxaca y sus deficientes instituciones.
De acuerdo con familiares de Everardo, José Luis y Mónica, previo a su desaparición recorrieron la “Ruta del Mezcal” con la intención de adquirir la famosa bebida para una fiesta que tenían planeada, sin embargo, fueron alertados de que eran perseguidos por habitantes del pueblo.
Sin tener más detalles al respecto, acudieron al municipio de Tlacolula de Matamoros para solicitar ayuda, así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para denunciar la presunta desaparición forzada, la instancia se declaró incompetente para hacer presencia en la zona debido a conflictos internos en la localidad.
Por ello se solicitó la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno, el propio gobernador Alejandro Murat e incluso la Guardia Nacional, sin que alguna de estas hiciera caso ante el llamado desesperado de las familias que lo único que buscaban era dar con el paradero de la mujer y los dos varones desaparecidos.
