Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de julio de 2020.- Cobros de hasta más de tres mil pesos por un acta de defunción que cuesta alrededor de 100 pesos, realizan en la Dirección del Registro Civil de Oaxaca.
Así lo denunció ayer en tribuna el diputado local por el Partido del Trabajo, quien pidió una revisión al organismo que encabeza Christian Hernández Fuentes.
Por ello, la 64 legislatura de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado garantice a los oaxaqueños que perdieron un familiar por Covid-19, reciban de forma oportuna y sin cobros excesivos el acta de defunción, situación que hasta este momento no se ha asegurado.
En sesión ordinaria, el pleno votó en carácter de urgente y obvia resolución el exhorto a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para que garantice el derecho al registro civil de las personas fallecidas por Covid-19 y se sancione a los servidores públicos que realicen cobros indebidos.
A través de la propuesta, presentada por el diputado del Partido del Trabajo Noé Doroteo Castillejos, también demandaron al gobierno la implementación de una campaña de difusión de los montos autorizados para el pago de derechos autorizados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
El diputado expuso ante el pleno que en distintas ocasiones la población ha denunciado sobre los cobros indebidos de oficiales o encargados de las oficialías del Registro Civil, quienes se aprovechan de la urgencia y necesidad de los deudos, pero que en medio de la contingencia sanitaria se ha agravado, con servicios que van de los dos mil a tres mil pesos.
Puso como ejemplo que en el distrito de Tlacolula se registra la imposición indebida de montos no autorizados, como es la de actas de defunción que de acuerdo a la página oficial del Registro Civil es por el orden de los 100 pesos.
“Resulta factible presentar especial atención a los familiares de las víctimas por Covid, quienes en la mayoría de los casos registrados en Oaxaca son personas provenientes de estratos económicos vulnerables por lo que las erogaciones excesivas por los hechos de corrupción les afecta considerablemente”, manifestó en su intervención el diputado.
Las faltas que aplican los servidores contra la ciudadanía son sancionadas en el orden administrativo y penal, como lo establecen los preceptos del Código Penal de Oaxaca y en Ley General de Responsabilidades Administrativas.
