Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de septiembre de 2020.- Por segunda ocasión, ahora en la capital, autoridades de Santiago Textitlán, de la región Sierra Sur, denunciaron penal y públicamente los constantes abusos que ejerce el diputado federal por Morena, Daniel Gutierrez Gutiererz, en las distintas comunidades de la zona donde ha establecido como modus vivendi en el “pago por gestión de obras”, así como la incitación de conflictos sociales.
En conferencia de prensa, los afectados dieron a conocer los problemas que el legislador originario de esa comunidad ha generado con el fin de dividir a los ciudadanos y beneficiar a su constructora con las obras públicas aprobadas por el gobierno estatal y federal, por lo que demandaron la intervención de altos mandos de gobierno para evitar mayores conflictos sociales.
El diputado, declarado como persona no grata, fue denunciado por las autoridades locales anteriores ante el Ministerio Público de Sola de Vega por el delito de fraude en perjuicio del municipio de Santiago Textitlán, luego que el ayuntamiento pagó un anticipo de 440 mil pesos por una obra municipal que no se ejecutó; el dinero lo habría recibido el legislador por medio de prestanombres, señalaron.
Recientemente, Gutiérrez Gutiérrez pretendió ejecutar la pavimentación del camino a la cabecera municipal con la participación de sus constructoras, lo que generó una serie de hechos en contra de la estabilidad social.
Las autoridades municipales explicaron que, primero, el diputado pidió el pago de sus supuestos servicios de gestión de la obra, la cual se planeó para la vía más corta, pero al recibir negativa del ayuntamiento, comenzó una campaña de incitación entre las agencias de policía rural de Lachixao, Río Humo y Recibimiento de Cuauhtémoc.
Detallaron que Gutiérrez Gutiérrez informó en esas poblaciones que la autoridad local decidió que la pavimentación del camino no pasara por sus comunidades, por lo que los incitó a exigir que se construyera por la vía larga.
Sin embargo, la obra fue un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que debe aplicarse para las cabeceras municipales, así como que la ejecución de la obra por la vía más corta fue determinada por la Asamblea General Comunitaria y no el presidente municipal.
El enojo de las poblaciones continuó y provocaron la renuncia de tres regidores originarios de esas comunidades.
Por los distintos hechos, las autoridades municipales y comunales responsabilizan de cualquier acto en su contra a Daniel Gutiérrez, así como demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) ordenar el retiro de toda publicidad personalizada en inauguración de obras con recursos públicos de las redes sociales del legislador de la asociación civil que dirige.