Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de septiembre de 2020.- Luego de entrar en vigor la adición del artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca, que prohíbe la venta y distribución de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad, el Congreso local solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que coordine con las instancias necesarias el flujo de información a las y los tenderos sobre los alcances de la reforma publicada, así como establecer acuerdos con los municipios para coadyuvar de manera legal para la instrumentación de la reforma.
Respecto al exhorto, la diputada promovente Magaly López, refirió que “es necesario que el gobierno del estado divulgue entre las y los comerciantes sobre los contenidos de la reforma, para que los tenderos estén en posibilidad de instrumentar correctamente lo que ahora dispone la Ley”.
Manifestó que de acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto 1609, se establece que, conforme al contenido de la norma, la Secretaría de Salud estatal determinará cuales bebidas y alimentos están prohibidos para este fin. La norma marca que la aplicación, vigilancia y cumplimiento de la disposición, estará a cargo de la Secretaría de Salud.
El 5 de agosto pasado, el Congreso local aprobó la iniciativa histórica que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, con el fin de proteger la salud de la niñez y atacar las enfermedades derivadas de la obesidad.
El Punto de Acuerdo aprobado establece que, a través del Gobernador del Estado, se informe de manera suficiente a las y los tenderos del estado sobre la reforma, con el fin de que estén en capacidad de operar adecuadamente conforme a la nueva disposición legal, aclarándoles que no podrán vender a niñas, niños y adolescentes ninguno de los productos cuya etiqueta contenga algún octágono negro de advertencia.
De igual forma, exhortan a establecer acuerdos con los ayuntamientos de los 570 municipios del estado, a fin de que coadyuven en la medida de sus capacidades constitucionales y legales para la instrumentación de la reforma.
