Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de octubre de 2020.- Tras alcanzar acuerdos con Gobierno del Estado, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) retiró su campamento al exterior de Palacio de Gobierno, pero se movilizó para “tomar” las oficinas del INPI, en la capital del estado.
Los manifestantes instalaron un campamento de forma indefinida al exterior del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en avenida Heroico Colegio Militar, en la colonia Reforma, al norte de la ciudad.
La nueva movilización que iniciaron hoy es en apoyo a los indígenas del pueblo Otomí que radican en la Ciudad de México y quienes desde el pasado 12 de octubre se apoderaron de las instalaciones de la institución que dirige el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, para exigir atención para garantizar su derecho a una vivienda digna, al trabajo, educación y servicios de salud.
El CIPO arribó a la dependencia posterior al medio día; su dirigente Miguel Cruz Moreno informó que sus demandas planteadas al Gobierno del Estado se están encaminando en las distintas dependencias, y por lo las cuales comenzó movilizaciones desde el lunes.
“El CIPO-RFM exigimos al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que no queremos un INPI ciego, sordo, mudo y sumiso, que permita los atropellos, muerte y despojo a los pueblos originarios; que dé solución inmediata a la comunidad otomí”, expuso la organización.
Esta “toma” en el INPI se suma a la que el pasado 20 de octubre también realizó un grupo de indígenas mixes del pueblo Ayuuk, integrantes de la Unión de las Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), en el Centro Coordinador del INPI en San Juan Guichicovi.
En la Ciudad de México una comunidad de indígenas originarios de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, que radican en la capital del país desde al menos 20 años, se instalaron en la planta baja y primer piso del edificio del INPI.
Los otomíes fueron desalojados de un campamento que instalaron en la vía pública tras los daños que sufrió el edificio que habitaban con el sismo de 2017. Les prometieron regularizar su situación de vivienda, pero nunca se cumplió.
