Redacción
Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de junio de 2019.- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) resolvió que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado deberá transparentar los recursos presupuestales que ejerce.
Mediante la petición RR 026/2019/SICOM interpuesta por un ciudadano, detalló que la instancia a cargo de Alfonso Martínez Córdova deberá informar acerca de los gastos para la difusión de actividades del Gobierno del Estado en 2018, así como los números de contratos y facturas.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, el año pasado Comunicación Social ejerció aproximadamente 270 millones de pesos; este año, según el documento oficial, tiene asignado 269 millones 870 mil 631 pesos, aunque presuntamente después el Poder Legislativo le hizo un recorte para dejarlo en alrededor de 2040 millones de pesos.
PROPONEN REGULAR
Por otra parte, el pasado miércoles la Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó a comisiones una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial para el Estado de Oaxaca, la cual pretende poner topes al gasto público, precisar los criterios de asignación a medios de comunicación y frenar la imagen indiscriminada de funcionarios públicos.
La propuesta presentada por el diputado local Saúl Cruz Jiménez “busca dar seguimiento al gasto público destinado para erradicar prácticas que atentan contra los derechos humanos y que desvían el presupuesto público del objetivo de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la población”.
El documento señala que “la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión; pues la publicidad oficial se traduce en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país que propician la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción”.
Además, esas condiciones violentan el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación, “los gobiernos castigan a aquellos medios de comunicación democráticos que pretenden evidenciar las deficiencias y corrupción que se presenta al interior de los gobiernos, o en su caso, es el mecanismo empleado para premiar a aquellos amigos o comprar lealtades”, agregó.
La propuesta también plantea la conformación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Social y Publicidad Oficial, que trabajará en colaboración con la Secretaría Administradora de cada sujeto obligado, entre los que se encuentra el Poder Ejecutivo, El Poder Judicial, el Poder Legislativo, los municipios, los organismos públicos y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otros.
