Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de noviembre de 2020.- Integrantes de la 64 Legislatura analizan un exhorto dirigido al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad expida y publique su Reglamento Interno.
Y es que, aunque existe un reglamento de septiembre del 2019, éste fue aprobado previo a Ley Orgánica actual para la instancia, por lo que no tiene vigencia y debe ser modificado para evitar incurrir en irregularidades que afecten su funcionamiento.
De acuerdo con la propuesta del diputado por Morena, Othón Cuevas Córdova, desde febrero del 2018 el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declaró instalado formal y materialmente el referido órgano jurisdiccional autónomo, comprendiéndose todos sus órganos jurisdiccionales y administrativos.
Sin embargo, fue en noviembre del 2019 que se expidió la Ley Orgánica, en donde se dio un plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la normatividad, misma que aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Lo anterior resulta una grave omisión por parte del órgano, cuya situación radica en que es la instancia máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos.
“Al ser atribución del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, expedir su Reglamento Interno, se pone de manifiesto una omisión por parte del referido órgano jurisdiccional, ya que han transcurrido más de ocho meses sin que se cuente con el citado Reglamento”, refiere el documento presentado en la sesión de la Diputación Permanente.
Cuevas Córdova recordó que dicho Tribunal debe responder al combate a la corrupción e impartición de Justicia Administrativa, y está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y su presupuesto.
Por lo anterior insistió en la urgencia de contar con toda su normatividad vigente para evitar caer en omisiones e irregularidades que puedan configurar un acto de corrupción.
