Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de noviembre de 2020.- “¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más!”, se escuchó este lunes en reiteradas ocasiones a las afueras del Consulado Mexicano en Barcelona, España.
Lo anterior, como parte de un mitin que realizaron integrantes de la colectiva Furia Mexicana, quienes portaban un par de lonas con las leyendas “México Feminicida” y “Como chingados no quemarlo todo si nos están matando”, mismas que colocaron en las rejas de la instancia diplomática.
Así se puede observar en el video que compartieron a través de las redes sociales, en donde quedó registrada la protesta por los cada vez más constantes asesinatos violentos en contra de las mujeres, pero de forma particular para exigir justicia por María del Sol Cruz Jarquín, fotorreportera asesinada hace ya 30 meses.
Fue en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la foto de la joven, hija de la periodista Soledad Cruz Jarquín, junto con el #JusticiaParaSol fue colocada en las rejas del edificio junto con las mantas realizadas para la protesta.
Las mujeres de origen mexicano, chileno y colombiano se unieron también para manifestar su repudio por las acciones que ha tomado la policía de Cancún, Quintana Roo, ejerciendo violencia sexual y con armar en contra de colectivas feministas que protestaban por el feminicidio de una joven.
Por algunos minutos el contingente tomó la calle de Benanova, frente al número 55, donde se ubica el Consulado Mexicano, a la par que colocaron carteles y velas como ofrenda a las asesinadas por la violencia feminicida en México, de forma particular por la joven fotógrafa.
María del Sol fue asesinada el 2 de junio del 2018, luego de ser obligada a cubrir la campaña del entonces candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López, hoy regidor en el Cabildo de esa población istmeña.
Fue su jefe, hermano del candidato y titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López quien ordenó el traslado de la joven a finales de abril de 2018, quien aceptó por temor a perder su empleo si se negaba.
A 30 meses de los hechos, las autoridades estatales no han hecho justicia y por el contrario contribuyen al clima de impunidad que denuncian las organizaciones feministas y de mujeres.
