Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de noviembre de 2020.- “Han transcurrido prácticamente seis meses desde que fui destituida de mi encargo como directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Oaxaca de Juárez el 27 de mayo del presente año, y aún no se cuenta con una resolución de fondo”.
Son las palabras de Jaquelina Escamilla Villanueva, ex titular de la dependencia municipal quien este miércoles denunció la dilación con la que se ha conducido la Comisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que no han podido o querido resolver el caso de violencia política denunciado en su contra y cometido por el edil Oswaldo García Jarquín.
Justamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ex funcionaria pidió justicia a las autoridades electorales en la entidad, las cuales lamentó sigan solapando hechos de violencia política contra las mujeres, pese a los avances en las legislaciones.
“Las autoridades locales no han sido eficientes en garantizarme el acceso a la justicia. Ya sea por ineficiencia institucional, corrupción, conflicto de intereses, desconocimiento o por las complejidades a las que se ha enfrentado por la nueva reforma en materia de Violencia Política por Razón de Género”, dijo.
En conferencia de prensa, Escamilla Villanueva dio a conocer que el pasado 18 de noviembre la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instó a la Comisión del IEEPCO y al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca a resolver en un plazo no mayor a siete días respecto a la situación de violencia política que ha enfrentado, ello ante el evidente letargo que funcionarios a cargo de llevar su caso han tenido.
De ahí que, con el respaldo de organizaciones de mujeres y feministas, aseguró que se mantendrá pendiente a la resolución de justicia, la cual podría ser un referente para que las mujeres políticas en Oaxaca caminen con pasos seguros, sin temor a que en cualquier momento vendrá un Oswaldo cualquiera, con sus cómplices dispuestos a solapar la violencia.
Y es que, de acuerdo con la denunciante, tan clara ha quedado la complicidad de las autoridades que la carpeta de investigación 16999/FEDE/2020 iniciada por el caso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, fue otorgada al edil Oswaldo García, lo cual resulta a todas luces ventajoso ilegal.
Finalmente refirió que, pese a la desidia y omisión por parte de las autoridades locales, su lucha ya dio frutos, pues se consiguió un criterio relevante para todas las mujeres en una función pública, es decir, el reconocimiento de que las funcionarias públicas pueden acudir a las autoridades electorales a denunciar actos de violencia política en materia de género su contra.
