Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de diciembre de 2020.- A tres años y medio, la gestión de Rubén Vasconcelos Méndez al frente de la Fiscalía General de Oaxaca está marcada con una serie de hechos delictivos que han recalcado, más que nunca, la violación al derecho de acceso a la justicia para cientos de familias oaxaqueñas.
Familiares de víctimas de feminicidios, de desaparición de mujeres y líderes sociales; genocidios en comunidades indígenas, transfeminicidios, entre otros casos, han puesto en evidencia un aparato de justicia basado en aparentes investigaciones, probables actos de corrupción y áreas inoperantes que dificultan el trabajo.
Este miércoles el fiscal está citado a comparecer ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca por el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada hace más de 30 meses.
La 64 Legislatura aprobó que durante esta comparecencia, la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la víctima, lo confronte y cuestiones sobre el caso de su hija, de quien no existen avances en las investigaciones, ni sanciones contra funcionarios involucrados.
MÚLTIPLES CASOS
Pero este no es el único caso que ha puesto en evidencia la inoperancia de la Fiscalía y el probable conflicto de intereses para resolver los casos, como lo denunció la familia de Silvia Ivanna Mingo, fallecida tras un accidente automovilístico en octubre de 2018 mientras estaba acompañada de Alfredo Delgado Cervantes, exlíder juvenil del PRI en Oaxaca e hijo de la entonces delegada de Profeco en Oaxaca, Rebeca Leticia Cervantes Navarro.
En ese mismo año, también se registró otro caso que hasta la fecha sigue sin resolverse. Se trata de la muerte del menor de edad, Edward, por probable negligencia médica por parte del médico Luis Alberto Pérez Méndez, quien lleva en libertad su proceso legal.
El galeno fue puesto en libertad tras reclasificarse el delito de homicidio doloso por culposo. Hecho del que en su momento el fiscal dijo que los datos que se presentaron por parte de la FGE eran pruebas suficientes que hicieron que dos jueces distintos declararan la probable responsabilidad del imputado en la comisión del delito. Situación que al final cambió. Este año, los médicos se manifestaron y recordaron que el caso continúa.
Así también, en noviembre de este año la organización social “Sol Rojo” exigió la presentación con vida de su líder, Ernesto Serna García, también doctor en Derecho y docente de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, desaparecido el 10 de mayo el 2018 en la capital de Oaxaca; “No hay indagatorias por parte de la Fiscalía General del Estado”, acusó.
En la lista de pendientes, también se destaca el asesinato de Óscar Cazorla, ultimado a puñaladas el pasado 9 de febrero en su domicilio ubicado en Juchitán de Zaragoza, asentado en la Carpeta de Investigación 4495/FIST/JUCHITÁN/2019.
En el caso del fundador de la asociación “Las Intrépidas Buscadoras del Peligro”, y líder de la comunidad de la diversidad sexual en Oaxaca, tampoco existen avances, situación que la familia lamentó.
Pero, a su vez es una señal de las pocas garantías para el respeto de los derechos de la comunidad lésbico gay. Situación que, en las últimas semanas, de este 2020, también se ha agravado con el asesinato de dos mujeres transexuales en la región de Valles Centrales.
En su momento la Fiscalía General del Estado indicó que la causa de la muerte de la víctima fue por laceración de víscera cardiaca por instrumento punzocortante e inició la Carpeta de Investigación 4495/FIST/JUCHITÁN/2019.
MASACRES IMPUNES
Otro de los grandes pendientes en justicia es para las familias de 15 habitantes masacrados en San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec, el pasado 21 de junio de este 2020.
Los habitantes afectados, también con el problema político social, se han manifestado en la capital del estado para exigir a la Fiscalía de Oaxaca investigar y detener a los responsables, quienes a su vez presumen de contar con el respaldo político de quienes se encuentran en la administración estatal.
Este año también se registraron dos asesinatos de jóvenes donde elementos de las Policías Municipales se vieron involucrados, ocurridos en San Pablo Huitzo, de Valles Centrales y en Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca.
El primer caso, ocurrió entre los días 6 y 7 de mayo, donde otro joven, hermano de la víctima, sobrevivió a la golpiza y quien al narrar los hechos también involucró al síndico municipal.
En agosto, la 64 Legislatura de Oaxaca decretó procedente la renuncia de la Síndico Procuradora Hacendaria de San Pablo Huitzo, Martha Isabel Hernández Hernández, presuntamente está involucrada como en la muerte de un joven en su comunidad y agresiones a otro más.
De acuerdo con Jaziel, la noche del 6 de mayo, la sindicatura donde Martha Hernández ordenó la agresión que se llevó a cabo en la madrugada del 7 de mayo en un paraje a la salida de la comunidad.
La ex funcionaria, según vecinos de Huitzo, abandonó la población tras su renuncia y huyó hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras que sólo uno de los policías fue detenido el 19 de junio en Veracruz.
Así también, sigue impune el asesinato de adolescente de 16 años Alexander Martínez Gómez, asesinado por disparos de arma de fuego el 9 de junio por parte de un elemento de la Policía Municipal de Acatlán, sin motivos para el ataque.
Pero, a pesar que en el hecho estuvieron involucrados cinco elementos la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, pero sólo uno de ellos fue detenido. Su familia mantiene la exigencia de justicia, pues no se ha garantizado la investigación oportuna que se prometió.
A estos delitos se suman la desaparición de decenas de jóvenes que no han sido localizadas y se teme por sus vidas; así como ataques y asesinatos de líderes sociales que han sido motivo de marchas y protestas en distintos puntos de la entidad, sin encontrar respuesta a su demanda.
Además, desaparición de personas cuyas indagatorias quedaron en suspenso, como sucedió en Santa María Tlahuitoltepec con un policía y un expolicía, y en San Felipe Güilá, entre muchos otros. O el caso del edil de Jalapa de Díaz, Arturo García, cuyo caso también permanece impune, al igual que el cateo realizado previamente a su domicilio.
