Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de enero de 2021.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó que las medidas cautelares emitidas el pasado 19 de enero, hayan sido destinadas únicamente a militantes de una organización en la zona Triqui, y por el contrario, aclaró, fueron designadas para toda la población del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
“Las medidas cautelares, como se desprende de los fundamentos que motivaron ese recurso legal, fueron solicitadas para procurar la integridad de toda la población, no de alguna organización social o grupo político en particular”, expuso en un comunicado.
El organismo manifestó que ya se encuentran investigando los señalamientos de irregularidades en la emisión de dichas medidas por parte de un servidor público, con la intención de deslindar responsabilidad y aplicar sanciones conducentes en caso de haber incurrido en algún hecho que vaya en contra de la normatividad.
“Manifestamos nuestra entera disposición para colaborar en la investigación sobre la veracidad de los presuntos hechos de violencia denunciado en diversos medios”, refiere el documento.
Expuso que la CNDH se encuentra comprometido en promover el diálogo y la concertación entre el pueblo Triqui, las organizaciones sociales y los tres órdenes de gobierno, para lograr los acuerdos necesarios que traiga consigo la seguridad y paz social que pide la población.
Así mismo, reconoció la complejidad de la problemática actual en las comunidades del pueblo y la región Triqui, misma que asegura deviene de conflictos de origen multifactorial y que ha dado como consecuencia el reciente desplazamiento forzado de habitantes de la localidad de Tierra Blanca Copala.
De ahí que el pasado 19 de enero solicitó al gobierno de Oaxaca adoptar medidas cautelares que garanticen la vida, la integridad personal, el patrimonio, la seguridad pública y la paz social de los habitantes del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Pese a lo anterior, este fin de semana decenas de testimonios de mujeres desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, demostraron que de poco o nada han servido las medidas, puesto que ellas y sus familias padecen hambre y frío al no contar con un lugar en donde vivir.
A la zona arribó la periodista y activista Frida Guerrera, quien dio cuenta de la situación por la que atraviesas decenas de familias, alguna de ellas doblemente desplazadas, al formar parte del grupo de personas que, en el 2010 salieron de San Juan Copala, obligadas por la violencia que también se registró.
