Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de febrero de 2021.- En plena contingencia por la Covid-19, seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México, siendo Oaxaca uno de los estados más peligrosos para desarrollar ambas actividades.
Así lo refiere el informe titulado “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19” que pone de manifiesto que se trata de siete mujeres y 23 varones los que, lamentablemente, fueron asesinados en el 2020.
Se trata, principalmente, de personas defensoras del medio ambiente, por una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y población LGBTTTIQA+, así como periodistas que, el año pasado, vieron privado su derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con el documento, las entidades con mayor índice de violencia para estos dos sectores son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, Estado de México, Chiapas y Chihuahua.
Sin embargo, de forma concreta, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), ubica a Oaxaca como la entidad más peligrosa para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos por las mujeres.
Y es que de acuerdo con los datos la entidad oaxaqueña tiene un 15.7 por ciento de riesgo; seguido de la Ciudad de México con una 6.8; Jalisco con un 4.4; Puebla con un 4.3; así como Veracruz, Guerrero y Sonora que comparten el 2.6 por ciento de peligro.
Durante la presentación de los resultados del informe, diversas organizaciones refirieron que en el actual contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento.
Esto retrata una continuidad en la violencia que enfrentaron en el 2019 que se registraron al menos 21 personas defensoras y 10 periodistas asesinados en todo el territorio mexicano.
Independientemente de los asesinatos, las personas defensoras y periodistas continúan enfrentando intimidación y hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema de justicia en su contra, entre otras.
Tan sólo de enero a junio de 2020, 266 mujeres y 42 colectivos experimentaron agresiones por su labor. Por su parte, quienes ejercen el periodismo fueron víctimas de 63 agresiones tan solo en el periodo entre marzo y junio de 2020.
Lo actos violentos fueron ejercidos principalmente por servidores públicos; y, en segundo lugar, de parte de particulares, a través de empresas y actores del crimen organizado.
“Las condiciones de riesgo se han agravado en el actual contexto de emergencia sanitaria, ya que se han adoptado disposiciones en distintos niveles de gobierno que han tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos”, refiere el documento.
Y es que detalla que, pese a la pandemia se han mantenido las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos, la actual política de control migratorio, el despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, y el uso excesivo de la fuerza en contextos de manifestaciones.
De ahí que tanto personas defensoras de derechos y periodistas se encuentren mayormente vulnerables y sin acceso a protección, ya que durante el 2020 también se consolidó la desaparición de fideicomisos, incluido el 10232, creado para la protección de personas defensoras, el cual se desprende de la Ley Federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos constituido en la Ley General de Víctimas.
Por ello, el informe incluye la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.
El material fue desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Lo anterior con información documentada por Article 19, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Comunicación e información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
