Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de febrero de 2021.- “¡Ya se les llegó la hora!”, fue la amenaza lanzada por la autoridad local y comunal frente a un centenar de habitantes, cuando Silvia fue retenida junto a sus tres hermanas y una sobrina, por un lío de terrenos.
Por salvar sus vidas, Silvia, Guadalupe, Adelaida Vásquez, Juana y Marlen –menor de edad–, fueron obligadas a abandonar su comunidad luego de ser encarceladas y agredidas física y sexualmente por la autoridad de San Andrés Yutatío, del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, en la región Mixteca de Oaxaca.
El exilio forzado las dejó indefensas, pero, además, con el miedo a que su familia también sea violentada y que su padre muera en un linchamiento advertido por la comunidad.
Con la Secretaría General de Gobierno (Segego) como negociador, las mujeres fueron forzadas a firmar el acta minuta que establece que ellas son responsables de la quema de la camioneta en la que viajaban, así como aceptar su salida de la comunidad indígena a partir del 19 de febrero, o serían quemadas.
LOS HECHOS
Silvia narra vía telefónica a ZONA ROJA lo ocurrido el pasado 18 de febrero, mientras se encuentra en la plaza central de Huajuapan de León, hasta donde llegaron por medio de la Fiscalía General del Estado, tras su liberación y destierro.
Pero en donde no conocen a nadie y sin dinero, no tienen a donde ir para pasar el día, ni para atención médica de la menor, que sigue sangrando por los golpes que recibió.
Cerca de las 11:00 horas o quizá las 13:00 horas, no recuerda con exactitud, regresaban del monte a bordo de su camioneta, cuando el camino les fue bloqueado por parte del agente municipal, Rufino Benavides Díaz, y el comisariado Gerardo Bolaños Vázquez.
Una camioneta negra, troncos y piedras impedían el paso, mientras cerca de 100 personas que respaldaban las intenciones de las autoridades.
“Nos dijeron que ya se nos había llegado la hora y nos iban a incendiar con todo y carro”, recuerda Silvia, que para ese entonces desconocía el enojo de la gente contra ellas.
Las llantas fueron ponchadas; los agresores quebraron los vidrios a pedradas y con palos y ellas resultaron lesionadas, después, las bajaron por la fuerza de la camioneta y subidas a la patrulla de la comunidad para ser trasladas a la cárcel.
Antes de retirarse, las mujeres fueron testigo de que la población lanzó su camioneta al barranco y después quemada.
LAS CULPAN
Una vez en los separos, fueron agredidas con tocamientos; la menor de 16 años golpeada por grabar los hechos y a Silvia la obligaron a quitarse la blusa, y se resistió a bajarse el pantalón, para asegurarse que no tuviera un teléfono.
Por la noche arribó personal de la Segego y al siguiente día, quedaron en libertad con la intervención de la Vicefiscalía de la Mixteca, de la Fiscalía General de Oaxaca.
Desde ese entonces, los accesos de la comunidad son vigilados para que las mujeres no vuelvan, pero también por si aparece el padre de ellas, que logró huir del lugar.
Pero ahora el peligro lo corren cerca de 30 integrantes de su familia que aún siguen en el pueblo. Las mujeres lograron comunicarse con ellos, quienes dan a conocer que las autoridades los acosan con rondines en su vivienda, la cual tienen la intención de derribar con maquinaria.
“Es imposible que, como seres humanos, estemos pasando por este tipo de situaciones”, expresa con desconsuelo la mujer.
ANTECEDENTES
Esta no es la primera vez que integrantes de la familia Vásquez Bautista son encarcelados. Silvia detalla que el 3 de septiembre de 2020 su padre, una hermana y dos hermanos fueron retenidos por la autoridad local.
“Tanta injusticia y humillaciones que nos ha hecho la autoridad de mi pueblo”, dice desconcertada Silvia, al no encontrar explicación sobre la apatía de las autoridades por aplicar justicia.
El problema surgió de la inconformidad de la autoridad comunal sobre un pedazo de tierra donde el jefe de familia sembraba, situación que para los Vásquez Bautista aún es inexplicable al no existir irregularidades para ocuparlo.
Para su liberación pedían 120 mil pesos, pero a cambio del monto al no contar con ese pago, la autoridad acordó el retiro de los derechos como ciudadano. El señor ya no podría pastorear sus chivos en terreno comunal.
Así también le fue retirado el derecho a la salud para toda la familia, por lo que se le entregó a la Jurisdicción Sanitaria un oficio con el acuerdo, dice Silvia.
Por aquellos actos la familia denunció formalmente, así como logró un juicio de amparo, pero nada de eso ha sido suficiente para que la familia viva en paz.
Las desplazadas exigen la intervención del gobernador Alejandro Murat, del fiscal Rubén Vasconcelos y el apoyo total de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
