Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 9 de marzo de 2021.- Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud exigen al gobernador Alejandro Murat y a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) cumplir con la recontratación de los ex trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular.
Señalaron que el año pasado se destinaron unos 90 millones de pesos para recontrataciones, pero el dinero “desapareció” y les argumentaron que fue para compra de insumos y medicamentos, los cuales no existen.
Juan Carlos Márquez Heine habría recibido una indemnización cercana al millón de pesos al igual que sus colaboradores cercanos, como Blanca Estela Bastida y Fabián Meixueiro y aun así fueron recontratados en los SSO.
Los aproximadamente 500 afectados instalaron hoy un “plantón” indefinido sobre la avenida Juárez para denunciar que el secretario de Salud de Oaxaca, Márquez Heine ordenó la suspensión de contratación del personal, que había iniciado recientemente, pese a que hay un amparo a favor de ellos.
Ante la inconformidad, advirtieron que no retirarán la protesta hasta que el Gobierno del Estado les entregue los contratos, pues cuentan con un amparo que ordena al titular de los Servicio de Salud de Oaxaca cumplir con la recontratación de los trabajadores, por medio del Instituto de Salud para el Bienestar.
La secretaria general del Sindicato, María del Carmen Noriega, señaló que tras la comparecencia de Márquez Heine en el Congreso, se acordó en reunión con la Comisión de Salud que los SSO reintegrarían al sector salud a los liquidados por el Seguro Popular.
Pero no se ha cumplido en su totalidad, pues el gobierno sigue justificando que los ex empleados del Seguro Popular ya recibieron el dinero de su indemnización, pero no consideran, dijo la dirigente sindical, que el gobierno federal ordenó la recontratación, pues sólo fue por cambio de programa de atención a la salud y no por faltas laborales.
Aunque no determinó una cifra de cuántos lograron a ser contratados en las últimas semanas tras el acuerdo, de los 520 despedidos, la dirigente dijo que el número es reducido, pues la mayoría continúa en la espera.
Mientras que la gran cantidad de contratos realizados han beneficiado a personas allegadas a los funcionarios, como es el supuesto caso de la empleada Blanca Estela Bastida y Fabián Meixueiro, que ha colocado a sus familiares dentro del sector, acusaron.
