Evlin Aragón/Zona Roja.
O acaba de Juárez, Oax., 30 de marzo de 2021.- La diputada local por Morena, Magaly López Domínguez, se pronunció por la liberación de Pablo López Alavés, defensor indígena zapoteco detenido arbitraria y violentamente el 15 de agosto del 2010, por defender los recursos naturales de su comunidad.
“Pablo López Alavés fue detenido en agosto del 2010, víctima de un sistema diseñado para castigar a quienes se oponen al poder político y económico”, refirió la legisladora en la más reciente sesión de la 64 Legislatura local.
Durante su participación en tribuna, denunció gravísimas violaciones al debido proceso avaladas incluso, en el 2015, por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y por las cuales se debieron desestimar las pruebas de cargo en contra del indígena zapoteca.
Las mismas irregularidades han sido reconocidas, desde el 2017, por organismos internacionales como la ONU que calificó como arbitraria la detención y aseguró que la misma se deriva de su actividad como defensor del territorio y medio ambiente, de ahí que solicitaron la liberación inmediata, misma que no ha sucedido.
López Domínguez señaló que, desde hace cinco meses, la defensa de López Alavés promovió un último recurso jurídico que aún no tiene asignada ni fecha, ni sala, por lo cual pidió la intervención del Poder Judicial del Estado de manera urgente.
“Es urgente que el Poder Judicial del Estado tome en cuenta no solo las pruebas que debieron ser desestimadas después de la recomendación de la Defensoría, es urgente que el Poder Judicial valore la pruebas que, a la luz, fueron construidas de manera ilegitima por funcionarios que formaban parte de un sistema corrupto”, dijo.
Finalmente lamentó que, aún hoy en día, las y los defensores del territorio y medio ambiente sigan siendo víctimas de represalias por parte de las autoridades que ven en estas personas un enemigo que hay que eliminar, sin siquiera analizar la razón de sus legítimas protestas.
Pablo López Alavés fue detenido en 2010, cerca del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloápam, Oaxaca. Desde entonces se encuentra arbitrariamente privado de su libertad con acusaciones fabricadas de homicidio.
Previamente, encabezaba las denuncias contra la tala ilegal de árboles y las exigencias a las autoridades estatales de conservar el bosque.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, su detención ejemplifica la criminalización como consecuencia de la legítima labor de defensa de la tierra y el territorio, por lo que han solicitado su liberación y reparación del daño.
Sin embargo, en noviembre del 2018, se confirmó la sentencia a 30 años de prisión.
