Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de abril de 2021.- La violencia en contra de personas que participan o aspiran a participar en el ámbito de la política ha ido en aumento, entre muchos factores, debido a la impunidad que se ha vuelto una constante en México para los delitos de alto impacto, muchas veces cometidos por el crimen organizado.
Así lo dio a conocer Edgar Cortez, abogado e integrante del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, en un análisis sobre la violencia que se registra en nuestro país y donde refirió que, de acuerdo con la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre hasta el 20 de marzo de 2021, se han registrado 218 víctimas de la violencia política.
Aunque la cifra es dramática, el especialista señaló que podría estar muy por debajo de la realidad, en la que lamentablemente existe un fuerte vínculo del crimen organizado con las fuerzas de seguridad y las instancias de procuración de justicia.
Edgar Cruz refiere que el aumento de la violencia tiene su historia en la deficiente transición política del 2000 ya que, aunque México paso a elecciones suficientemente fiables, las instituciones represivas del Estado se preservaron en los mismos términos y no se democratizaron.
Ante lo anterior, los gobiernos tuvieron que hacer concesiones con estos grupos que pasaron a administrar la protección y la impunidad en lo local, a favor de los grupos delincuenciales, cada vez más fuertes y organizados, borrando así la separación entre Estado y delincuencia, y creando un único sistema delincuencial.
De ahí que la violencia en contra de personajes que incursionan en la política se ha vuelto necesaria para que los grupos delincuenciales conserven la protección, impunidad y el acceso a los mercados legales e ilegales, ante lo cual nada han podido hacer lo cuatro presidentes posteriores a la transición.
“Los gobiernos del PAN, PRI y el actual de Morena han dejado de lado una efectiva transición que modifique los problemas de fondo en materia de seguridad”, manifestó.
Por ello, señaló que diversos especialistas proponen priorizar el desmantelamiento de las redes de protección por encima de las políticas de militarización; controles efectivos sobre el uso discrecional del ejército, policías y fiscalías por parte de los poderes ejecutivos; y reformar las fuentes autoritarias de poder coercitivo.
Sin embargo, lamentó que las autoridades vayan en sentido contrario a las recomendaciones anteriores.
En Oaxaca, el caso que recientemente de violencia en contra de personajes políticos que conmocionó a la sociedad en general, fue el asesinato de Ivonne Gallegos, aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, quien fuera abatida a tiros el pasado 20 de marzo, al interior de su vehículo.
