Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de abril de 2021.- La mitad de los ataques cometidos contra mujeres defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2020, se dieron en redes sociales, afirmó Yésica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de la asociación civil feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).
Esto se ha observado especialmente a partir del confinamiento por la pandemia por Covid-19, dijo en el marco del 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el evento “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”.
Sánchez Maya es una de las impulsoras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, con presencia en 27 estados del país, y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que articula a dos mil mujeres defensoras de derechos humanos en cuatro países de la región. Ambos proyectos trabajan para la protección integral de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
La abogada feminista manifestó su preocupación por el aumento de las expresiones de odio, incitaciones a la violencia, difamaciones y amenazas digitales en Oaxaca, que incrementan el riesgo de que se materialicen agresiones físicas o asesinatos, especialmente a las feministas y a las mujeres que defienden los derechos humanos de las mujeres.
Ello fue expresado en el evento paralelo a las sesiones de Naciones Unidas, que reunió en línea a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, con diversas organizaciones de la sociedad civil, este 11 de marzo, a convocatoria de 10 organizaciones, entre ellas Consorcio Oaxaca.
En referencia al informe de Lawlor “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, Sánchez Maya consideró fundamental garantizar que se cumplan las recomendaciones dirigidas a las empresas de redes sociales, en el sentido de eliminar contenido amenazante hacia personas defensoras de derechos humanos y cerrar las cuentas de los agresores.
Además de lo previsto en el informe que la Relatora Especial presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la defensora oaxaqueña destacó también la necesidad de que las empresas de redes sociales entreguen todos los datos necesarios para fincar las responsabilidades por esas amenazas digitales.
Dijo también coincidir en la preocupación de Lawlor por el recrudecimiento de las amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos, frecuentemente basadas en el género; detalló que en Oaxaca su organización documentó que 12 por ciento de los ataques contra defensoras fueron amenazas, y que éstas se investigan aún menos que los asesinatos.
“En el caso de Consorcio Oaxaca, por ejemplo, a pesar de haber interpuesto denuncia por la amenaza de feminicidio en los ataques de junio 2020, hasta la fecha no hemos sido notificadas de que la investigación esté radicada por parte de la Fiscalía General de la República”, añadió.
También en relación con el informe, Sánchez Maya celebró que éste reconozca los riesgos específicos que enfrentan las personas que defienden tierra y territorio y los derechos de los pueblos indígenas, “pues en Oaxaca registramos 21 asesinatos de personas defensoras entre 2017 y 2019” y “más de la mitad de ellos están en la impunidad total”.
Señaló la falta de protocolos diferenciados para investigar los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, como lo evidencia el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca únicamente registra el caso de un homicidio contra una persona defensora, en el periodo en el que Consorcio Oaxaca registró 21 casos.
“Es entonces prioridad reconocer este riesgo especifico y garantizar la investigación de los asesinatos de personas defensoras, pero también el castigo a los funcionarios que realicen investigaciones deficientes”, expuso a la Relatora Especial. “En México urge un Poder Judicial sensible, que reconozca que está manteniendo en estado de privación de la libertad a defensores, y actuar en consecuencia para ordenar las liberaciones inmediatas, reconociendo que se trata de un asunto de criminalización a la labor de defensa, como son los casos de Fredy García y Pablo López Alavez”, concluyó.
