Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de abril de 2021.- Con los primeros minutos del 4 de abril, primer día de campaña política, inició –-o arreció– también la violencia en Oaxaca.
Karla Jiménez, candidata a diputada federal, denunció que un grupo armado irrumpió su acto con el Partido Fuerza por México, por lo cual terminó con anticipación; posteriormente presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Con violencia, pero también con tonos grises, iniciaron la semana pasada las campañas políticas para candidatos a diputados federales, en que la pandemia por Covid ha terminado por enterrar la imaginación de las y los políticos, que unos no alcanzan a innovar y otros prefieren la comodidad del internet.
Son 10 diputaciones federales en juego en el estado de Oaxaca, pero en los próximos días comenzará también el proselitismo por las 25 diputaciones locales y 17 de representación proporcional, así como 153 presidencias municipales por el régimen de partidos, jornada que culminará el 6 de junio.
LOS DATOS
Pero la violencia política no comenzó el pasado 4 de abril, sino días atrás y el caso más emblemático es el de Ivonne Gallegos, panista que buscaba la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos y fue asesinada a balazos el 20 de marzo, mientras que su pareja resultó lesionada.
De acuerdo con el Tercer Informe de Violencia Política de la consultoría “Etelleckt”, en Oaxaca ocho políticos y un servidor público han asesinados durante el proceso electoral, que inició en septiembre pasado, lo cual mantiene al estado en la quinta posición a nivel nacional por este tipo de delitos.
Según esa empresa, con 65 políticos víctimas de homicidio doloso en México, el proceso electoral concurrente 2021 se convierte en el segundo más violento desde el 2000, al superar la cifra de 61 políticos que perdieron la vida en atentados (6 de ellos aspirantes), en el proceso de 2015.
El informe detalla que en lo que va del proceso electoral se han registrado 262 agresiones; 65 políticos han pedido la vida en atentados, 76 enfrentaron amenazas,18 fueron privados ilegalmente de su libertad y 13 fueron objeto de homicidio en grado de tentativa.
Por su parte, en un informe reciente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Oaxaca –conformado por instituciones electorales y de gobierno–, en el primer trimestre de 2021, se ha incrementado el promedio mensual de juicios iniciados por violencia política en razón de género, en comparación con el año pasado.
En 2020, cada mes, se iniciaron en promedio, cuatro juicios sobre asuntos relativos a violencia política en razón de género; en contraste, en lo que va de 2021, se han presentado 20 juicios por violencia política en razón de género, lo que sube el promedio tentativo a seis juicios por mes.
EL ACUERDO
Desde diciembre pasado, el Congreso del Estado de Oaxaca había aprobado un exhorto para pedir al titular del Ejecutivo la firma de un pacto de civilidad en el proceso electoral; la voz no se escuchó.
El 26 de marzo de este año, de nuevo la 64 Legislatura aprobó un exhorto a las autoridades administrativas y electorales de Oaxaca, para convocar a la firma de un pacto de civilidad política en defensa de los principios democráticos y un proceso electoral libre de violencia política.
No fue sino hasta el martes 6 de abril en que el gobernador Alejandro Murat, titulares de órganos electorales y representantes de partidos políticos, firmaron un acuerdo de civilidad.
En el documento se establece el rechazo absoluto a todo acto de violencia que inhiba la participación de la ciudadanía en el proceso electoral, y de manera especialmente enérgica el repudio a todo acto de violencia política contra las mujeres en razón de género.
VIOLENCIA SEGUIRÁ
Mientras tanto, las y los aspirantes a una diputación federal siguen su campaña, algunos tímidamente casas y colonias; otros más optan por mensajes vía internet y unos más por actos masivos, sin importarles la salud ante la pandemia.
En la generalidad, son los mismos nombres y los mismos apellidos, en Morena y en el PRI-PAN-PRD o cualquier otro instituto político. Las mismas ambiciones, los mismos rostros…
Así que ni el acuerdo ni la voluntad de los actores será un freno para la delincuencia o para los políticos, de todos los partidos, acostumbrados a resolver sus diferencias o abrirse paso con la violencia.
Menos cuando hay una Secretaría de Seguridad Pública en manos de Heliodoro Díaz Escárraga, que ya es rechazado por varias organizaciones sociales, o una Fiscalía General cuyo titular Arturo Peimbert está por cumplir un mes en el cargo y nada más no hay ningún resultado positivo en los varios delitos de alto impacto cometidos en su breve gestión.
