Redacción
Ciudad de México.- Por el probable desvío de recursos durante su cargo como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), descubierto por investigaciones periodísticas en la llamada “estafa maestra”, la Fiscalía General de la República (FGR) imputaría y vincularía a proceso a Rosario Robles Berlanga.
La indagatoria se lleva través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
La FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra la ex servidora pública, quien fue también secretaria de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Según el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la ex funcionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la “estafa maestra”.
En respuesta, el juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas.
La instancia de procuración de justicia agregó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene calidad de víctima indirecta del delito que busca imputarle a Robles Berlanga, por lo que se prevé que un representante de dicho órgano acuda a la diligencia.
La “estafa maestra” se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las tres principales dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin.
La ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por siete mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.
