Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 13 de mayo de 2021.- El ex procurador de Justicia y candidato por el Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, fue asesinado la tarde de este jueves.
El crimen se perpetró alrededor de las 17:00 horas en la calle de California casi esquina con Guerrero, mientras repartía volantes de sus propuestas políticas.
De acuerdo con un recuento de “El Financiero”, con este caso, durante el actual proceso electoral que inició en septiembre de 2019, y hasta abril de 2021, se han registrado 170 incidentes de violencia política, según Integralia Consultores; en estos atentados, ha habido 210 víctimas de las cuales 144 fueron mortales.
Comparado con la elección federal de 2018, hay un incremento del 68.34 por ciento en el número de políticos, funcionarios y activistas asesinados, pues entre septiembre de 2017 y abril del siguiente año se registraron 85 víctimas mortales, de acuerdo con datos de Etellekt.
La mayoría de las personas asesinadas eran hombres (120) y pertenecían a Morena (20 por ciento) y 21 por ciento de las víctimas era de diversos partidos y organizaciones políticas locales.
Veracruz, Jalisco y Oaxaca es donde más candidatos han sido asesinados; por atentados totales, Oaxaca, Veracruz y Baja California lideran; sin embargo, Veracruz sigue adelante al ver la cifra de personas asesinadas, con 16.
Al revisar las cifras por municipio, Acapulco aparece en el primer lugar con cuatro atentados. Sólo en cinco estados no se han registrado eventos de violencia política: Durango, Nayarit, Querétaro, Campeche y Tabasco.
Por tipo de víctima, se cuentan: 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos, tres jueces, tres presidentes municipales y 25 de otros rubros de la política.
Por porcentaje, 43.2 por ciento de los incidentes de violencia política fue en contra de funcionarios en activo, 32.6 por ciento en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4 por ciento en contra de exfuncionarios y 11.8 por ciento contra activistas y periodistas.
(Información de “El Financiero”)
