Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca logra otro récord a nivel nacional: es la segunda entidad con el mayor número de casos de violencia política, en el proceso electoral 2020-2021 que inició en septiembre pasado.
Es decir, ni el pacto firmado a nivel nacional ni mucho menos el estatal, han servido para frenar la ola de ataques y asesinatos a candidatos y candidatas.
Lo mismo a aspirantes a ediles que a diputados, locales o federales; agresiones a balazos, amenazas de muerte, grupos delictivos que merodean, vandalismo en oficinas de campaña, la tónica.
LOS PACTOS
A nivel nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó en febrero a un pacto de civilidad, al cual se adhirieron la mayoría de gobernadores, incluyendo el de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, uno de los primeros en respaldarlo.
La propuesta se concretó en Palacio Nacional el 23 de marzo y el objetivo general es –o fue– garantizar elecciones limpias “y respetar la voluntad del pueblo”.
En Oaxaca, por lo menos en dos ocasiones, desde el Poder Legislativo se propuso a las instancias electorales nacional y estatal, así como al Ejecutivo, la signa de un pacto de paz para los comicios.
El gobernador concretó su iniciativa en el Palacio de Gobierno, el 6 de abril pasado, con la presencia de representantes de la mayoría de los partidos políticos en la entidad.
Este pacto, homólogo del Acuerdo Nacional por la Democracia, fue suscrito también por el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, y el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,.
Y LA REALIDAD
Sin embargo, ni el acuerdo nacional ni el estatal han logrado frenar la ola delictiva. Según el cuarto informe de la Consultora Etellekt, dado a conocer el pasado fin de semana, el proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000.
El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021.
Las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso, abarcó a 31 entidades y 321 municipios de la república (13% del total de municipios).
El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos (ver gráfico 1), con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres).
La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.
De acuerdo con información del sitio informativo “Estado 20”, la entidad que lidera en violencia es Veracruz, con 33 hechos, en los que resultaron 17 personas fallecidas y 16 heridas; mientras que en Oaxaca fueron 25 los incidentes, en los que se reportaron 19 muertos (dos más que en Veraruz) y seis heridos, según expone la asociación civil Educa.
LOS HECHOS
La reportera de ZONA ROJA, Yuridiana Sosa, hizo un recuento de los hechos más relevantes:
El 20 mayo, la candidata a diputada federal del Partido Encuentro Solidario (PES), Lizeth Zárate, denunció que fue víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por medio del saqueo de sus oficinas de campaña en la capital del estado, aunque no presentó mayores evidencias ni a la fecha ha detallado el daño.
En tanto, el mismo día la candidata a diputada local por el distrito XV, María Elena Soriano Díaz, de “Va por Oaxaca” –PRI-PAN-PRD- denunció ser víctima de persecuciones de personas armadas, robo de vehículo, amenazas a equipo de trabajo.
En conferencia de prensa, la aspirante a la diputación apuntó que los hechos se han registrado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, uno de los cinco municipios que conforman este distrito.
El 19 mayo, el candidato a edil de Mariscala de Juárez, Oaxaca, Hugo Jairo Hernández, del PRI, fue atacado a balazos la mañana de ese miércoles, cuyo saldo es de una menor de edad lesionada.
La semana pasada, el candidato a la presidencia de Juchitán de Zaragoza, por Morena, Héctor Pineda Santiago, junto a su planilla, denunció que ha recibido amenazas de muerte, afectando a sus familiares, pues indicaron que el 18 de mayo por la madre del candidato, Cándida Santiago Jiménez, recibió amenazas de muerte en su domicilio particular.
El miércoles pasado también denuncio actos de amenazas de muerte el candidato a la presidencia municipal de Juchitán, e la región del Istmo, por el Partido del Trabajo (PT), Emilio Montero Pérez. En conferencia denunció que ha recibido llamadas telefónicas y mensajes de forma anónima, en los que se le advierte que un grupo de personas organiza un ataque armado en su contra; incluso lloró frente a la prensa.
El 18 mayo el candidato a la diputación local en Salina Cruz, en la región del Istmo, Gerardo Henestrosa, por la alianza “Va por Oaxaca”, denunció en redes sociales que la casa de campaña fue vandalizada y robado parte de su equipo y documentación importante de la Coordinación de Campaña.
La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició la carpeta 16441/FIST/SALINA/2021, por delitos electorales, así como robo.
Antes, el 5 mayo, la candidata a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, por el parido Morena, Tania López, informó que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por violencia política por razón de género y amenazas.
Mientras que el 4 abril, al inicio de campaña, la candidata a diputada local por el distrito 8, con cabecera en Oaxaca de Juárez, Karla Gabriela Jiménez Carrasco y su suplente, Xóchitl Karina Piché, del Partido Fuerza por México, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la presencia e irrupción de un grupo armado de personas que amenazó y corrió a los asistentes durante el arranque de campaña en esa madrugada.
Uno de los hechos mortales ocurrió el 20 marzo, en que Ivonne Gallegos Carreño, precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos por la alianza “Va por Oaxaca” -PRI, PAN, PRD- fue asesinada marzo cuando circulaba en su vehículo sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, en el tramo de Santo Tomás Jalieza.
Aunque no relacionado directamente con la política pero sí con familiares como aspirantes, uno de ellos a edil y otro a diputado local, el martes 13 de abril fue asesinado Leonardo Díaz Cruz, padre de la dirigente estatal del PAN, Natividad Díaz Jiménez.
El 12 de marzo, la precandidata a la presidencia municipal de Zimatlán de Álvarez del partido Morena, Aimé Rodríguez Vázquez, sufrió un atentado en su domicilio con la presunta intención de hacerla desistir de sus aspiraciones.
¿A DÓNDE VAMOS?
Nadie sabe a dónde vamos con tanta violencia en el país y en la entidad, generalizada y focalizada. Pero lo que sí es un hecho es que hasta ahora el titular de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, no ha sabido responder a las circunstancias.
Únicamente un hecho disuasivo ha sido visto durante poco más de un mes de su cargo, el pasado viernes 21 de mayo, contra estudiantes normalistas… pero porque buscó impedir a toda costa que protestaran en la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
¿Y el fiscal Arturo Peimbert? También, a dos meses en el cargo, no se le ve ningún resultado; los familiares de las víctimas han acusado negligencia en la actuación del fiscal, pese a las denuncias –como fue el caso de María Elena Soriano–, mientras que la investigación sigue en el limbo.
¿A dónde vamos? Por el bien de todos, esperemos que los partidos políticos y sus contendientes, así como las autoridades de los tres niveles de gobierno, se comporten a la altura y prevean cualquier situación de violencia; que se apliquen y realmente trabajen, porque si no, tendremos elecciones teñidas de rojo.
