Gibrán Ramírez Reyes*
Enfrentar el feminicidio requiere dimensionarlo y ello es siempre difícil por la normalización que todos los fenómenos frecuentes terminan por generar.
Pero el filtro social que define cuáles casos se hacen visibles y cuáles se pasan de largo está constituido también por las estructuras de raza, de clase, por capital social.
Las instituciones, en lugar de caminar con la inercia de esas estructuras, deberían actuar para compensar las diferencias entre casos.
Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la semana pasada exigió a las autoridades de Hidalgo “que se investigue y sancione bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, tras ser encarcelada por policías municipales de Progreso de Obregón”.
Fue correcto hacerlo, porque por principio todos los asesinatos de mujeres deben indagarse como feminicidios y no debe descartarse esa hipótesis hasta que haya pruebas en contrario.
Beatriz era una doctora del IMSS, ha contado con su familia para exigir justicia y ésta divulgó información que permitía dudar de la versión de los policías, que finalmente se confirmó.
Pero la CNDH, por otro lado, no se manifiesta sobre otros casos que son muy indignantes y dolorosos. La semana pasada, en Matamoros, Coahuila, asesinaron a Ilse, una niña de 16 años, metieron su cuerpo en una bolsa para basura y la dejaron a metros de su casa.
Muy pronto se detuvo a un empleado de una familia poderosa y se ha inculpado a un menor de edad (13 años), quien por esa condición no puede ir a la cárcel.
Familiares del empleado han señalado como responsables del asesinato de Ilse a los padres del menor, ligados al poder local del PRI desde la CTM y que fueron empleadores de Ilse en un expendio de cerveza.
El caso se ha manejado con sigilo y no ha trascendido a espacios mediáticos nacionales, pues la familia de Ilse carece de capital social que deberían suplir las instituciones públicas.
Hay una intención de ocultar los móviles reales del crimen y evitar que dos adultos vayan a prisión. Ilse Ivonne —lo sé por su familia— había sido ya agredida por la madre del menor inculpado y hay razones para pensar que se trató de un feminicidio.
La Fiscalía del Estado de Coahuila intentó reclasificar el delito como homicidio, ha callado las líneas de investigación y ha mantenido a la poderosa familia cetemista a salvo del ojo público.
Cada feminicidio duele a este país. Las instituciones deberían procurar que cada uno sea igualmente tratado, y, la CNDH en particular, que ningún poder obstruya la procuración de justicia.
Para eso debería saber qué es lo que está sucediendo en todo el país. ¿No podría, acaso, institucionalizarse un proyecto como el mapa de feminicidios de María Salguero y la Comisión estudiar los casos y pronunciarse sistemáticamente del mismo modo que se hizo con Beatriz?
Por otro lado, las fiscalías deberían modernizarse, ponerse a tono con los tiempos más allá del discurso. La Ciudad de México ha dado un ejemplo con la creación de la Fiscalía Especializada en feminicidios. Coahuila podría impulsar algo similar.
La Laguna, sólo en junio, registró 10 desapariciones de mujeres. Sus cuerpos, como el de Ilse Ivonne, han ido apareciendo. Esas mujeres merecen verdad. Esas mujeres merecen justicia.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
