Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de julio de 2021.- A una semana de la cuestionada consulta sobre el juicio a ex presidentes de México, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, lo dijo todo:
“Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una ‘Comisión de la verdad’ en temas de corrupción”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter.
Es, por supuesto, una voz autorizada que no descalifica de manera directa la consulta sobre si se lleva o no ante la ley a ex mandatarios, pero claramente precisa que ya no tendría caso hacerlo.
El próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral –por presiones del Partido Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador– efectuará una jornada cuasielectoral, en que se instalarán casillas y urnas, hay promoción del voto, habrá responsables de casilla y se computará y validará el proceso.
Por eso no se entiende por qué únicamente militantes del Partido Morena, incluyendo López Obrador, promocionan esta actividad, pero aún más, muchos políticos de la Cuarta Transformación lo usan para promover su imagen personal; si no, vean el caso Oaxaca.
EJERCICIO INÉDITO
Lo que es inédito es que por primera vez se lleva a cabo en México un ejercicio oficial de consulta para toda la población, que tendrá un costo de 528 millones de pesos y que es organizado por la autoridad electoral federal.
Están convocados este 1 de agosto los 93 millones de mexicanos que conforman el listado nominal y se espera que participen al menos 37 millones de votantes, es decir el 40 por ciento de inscritos en el padrón, para que pueda ser vinculante, es decir, para que la autoridad federal pueda basar en ello la aplicación de la ley por lo cual se consulta.
Para ello se instalarán en todo el país 57 mil mesas receptoras, principalmente en los 300 distritos electorales de la República Mexicana y en las mesas no habrá representantes de partidos políticos.
Pero lo que es inaudito es que la pregunta de la consulta, en que palabras más palabras menos, se indagará a los mexicanos si quieren o no, que se enjuicie a los últimos cinco presidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta cantinflesca.
Como cantinflesca la calificó la semana pasada “The Economist”, una prestigiada revista británica, que desnudó las contradicciones y galimatías de la consulta ciudadana.
¿Y LA PROMOCIÓN?
Pero más inaudito, insultante al raciocinio, por decir lo menos, es el malabarismo y depredación electoral que realizan algunos políticos, en el caso de Oaxaca, sobre la consulta ciudadana.
Por doquier, sobre bardas, fachadas de casas, puentes peatonales –que son bienes públicos–, calles, carros y demás, se publicita la jornada… con rostro de aspirantes
Salomón Jara por aquí, Salomón Jara por acá; rostro de Salomón en toda clase de publicidad; reuniones masivas que no incluyen el uso de cubrebocas y mucho menos la sana distancia.
El senador pretende con ello acrecentar las “simpatías” a su favor, en su aspiración a ser candidato a gobernador… aunque no sea por el Partido Morena.
Es un caso similar el del político gris, Armando Contreras Castillo, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas con Ulises Ruiz Ortiz y hoy diputado federal por Morena, quien también publicita su imagen en la consulta.
Sin embargo, ni tiene simpatías ni militancia y mucho menos el respaldo de los cuadros políticos morenistas de renombre, salvo el diputado local Ericel Gómez Nucamendi.
El más reciente, Alberto Esteva Salinas, que nadie sabe cuándo se convirtió al morenismo, pero que busca también ser candidato a la gubernatura, pese a su desastroso paso como funcionario de Oaxaca, en la época de Gabino Cué Monteagudo.
Así, nadie en su sano juicio participaría en una consulta que se prevé sea un fracaso. ¿A quién se le ocurre consultar a los mexicanos si se le permite, si se le autoriza, aplicar la ley o no? ¿Qué no para eso están las autoridades y las instituciones, para aplicar la ley? ¿Es que cuando lo asalten o cuando asesinen a una persona o cuando nos roben tendremos que consultar a la población si se debe castigar a los delincuentes?
