Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de agosto de 2021.- La Secretaría de Gobernación (Segob) y el gobierno de Oaxaca se comprometieron a investigar y resarcir los daños causados por la muerte legal de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcaltán, así como sancionar a los funcionarios que resulten responsables.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya pidió informes al Estado mexicano respecto a esta situación, pues entre esa cantidad que fue registrada como ya fallecida, hay 22 de ellos con Medidas Cautelares con número MC-113-8.
Así lo informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas asociación civil (Cedhapi), que detalló los acuerdos alcanzados anoche en la reunión en la ciudad de México con el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
En un comunicado, expuso que el encuentro fue buscar una forma de solución a la ilegal medida de decretar a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán como fallecidos, por parte de funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria.
“En esta reunión el Estado Mexicano por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y al Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, reconocen que efectivamente se violentó los derechos de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, al darlos por fallecidos y sepultados.
“Comprometiéndose a reparar el daño causado a los comuneros para recuperar sus derechos que le fuero violentados de manera arbitraria, para que puedan en su oportunidad elegir a sus representantes agrarios de Santo Domingo Ixcatlán. Comprometiéndose también en sancionar a las personas y funcionarios públicos tanto federales, estatales y particulares que participaron en el hecho”, detallò.
“Resulta alentador para Cedhapi que el Estado mexicano reconozca las violaciones y arbitrariedades que se han cometido en contra de los beneficiarios y que se comprometa a repararlos y se garantice el derecho de no repetición”, expuso en el comunicado firmado por Maximino Santiago Jiménez, representante del Comité Agrario de Santo Domingo Ixcatlán; Teresa García Castañeda y Paulina Martínez Robles, representante de Beneficiarios de Medidas Cautelares, y Maurilio Santiago Reyes, responsable del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A. C.
