Gibrán Ramírez Reyes*
Guerrero Negro es una comunidad del municipio de Mulegé, en el extremo de Baja California Sur, más alejado de La Paz, lo que le implica complicaciones logísticas que derivan en complicaciones económicas –al estar alejado de La Paz y de Tijuana, los abastos se complican y los precios se elevan.
Su fundación derivó de una aventura empresarial que instauró la empresa Exportadora de Sal (ESSA), fundada en los años 50 para aprovechar la concentración de agua de la Laguna y las salitreras naturales.
La vida de la comunidad es, en consecuencia, indisociable de la empresa. Como sucedió en buena parte del mundo en la posguerra, en Guerrero Negro se detonó el crecimiento económico y la organización sindical permitió que los pobladores se beneficiaran de infraestructura y servicios sociales básicos financiados por la próspera empresa, nacionalizada el año de 1976.
Pero, desde entonces, poco se ha avanzado, a pesar de las ganancias que año con año genera la exportación de sal y que han beneficiado fundamentalmente a la empresa Mitsubishi, asociada con el gobierno mexicano en ESSA.
Como sucedió después en el neoliberalismo, las empresas de participación pública fueron víctimas de un abandono intencionado, de chatarrización orientada a entregar, y además barato, lo público a empresas privadas que pudieran usufructuarlo de una forma presuntamente más eficiente. ESSA no fue la excepción.
Afortunadamente, Guerrero Negro y sus habitantes han resistido los embates privatizadores, que no han cesado en el actual gobierno, si bien la gente confía en la promesa del Presidente López Obrador de que no habrá cesión de la empresa al capital privado –una promesa que el gobernador electo, Víctor Castro, ha refrendado en su campaña.
Falta, sin embargo, empezar a caminar en sentido contrario y fortalecer lo que por años fue afectado y chatarrizado; falta restaurar su valor para el pueblo y para la economía mexicana (algo, digamos, como lo que se ha intentado hacer en Pemex y que necesitaría relativamente pocos recursos).
Guerrero Negro se encuentra en la injusta situación de alimentar la potente industria de la sal (México es de los principales exportadores), de generar casi cinco mil millones de dólares en la facturación de Mitsubishi cada año, y de ver a su pueblo castigado, con escasa pavimentación y defectuoso drenaje, casi sin servicios de salud, siendo que prácticamente vive y produce para la empresa.
La exportadora de sal requiere ahora un rescate financiero de manera urgente, pues, si su crisis sigue profundizándose, los costos seguirán incrementando y el fantasma de la privatización se hará presente.
Ese rescate de poco o nada serviría si no se acompaña de medidas para evitar que los beneficios de la empresa terminen en Baja Bulk Carriers y en Mitsubishi, lo que implicaría generar una organización corporativa diferente.
Tatiana Clouthier, como secretaria de Economía y con poder de decisión en la empresa, podría ensayar un modelo de economía social sustentable que no sólo evite la privatización, sino la persistencia del descuido y los malos manejos que la empresa ha enfrentado en los años recientes.
Con voluntad política, Guerrero Negro podría no sólo ser rescatado del abandono y de la despiadada extracción de las trasnacionales, sino convertirse en un ejemplo de lo que significan los lemas del gobierno federal.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
