Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de agosto de 2021.- El Congreso del Estado de Oaxaca analiza un exhorto dirigido al Poder Judicial del Estado, para que analice decretar libertad inmediata a defensores de derechos humanos que han excedido el lapso constitucional de dos años de prisión preventiva.
Lo anterior es una propuesta de la diputada Magaly López Domínguez, de la fracción parlamentaria del Partido Morena, quien expuso el caso de Pablo López Alavez, defensor del medio ambiente y activista, quien lleva 11 años en reclusión y sin sentencia.
En la sesión ordinaria del pasado miércoles, detalló que López Alavez fue detenido en agosto de 2010, pero no fue sino hasta septiembre de 2017, poco después de emitida la opinión de Naciones Unidas, cuando el Juzgado Penal de Etla le dictó finalmente sentencia condenatoria por homicidio calificado.
No obstante, en febrero de 2020, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito resolvió otorgarle amparo, por considerar que se violaron sus garantías, en tanto que el defensor no contó con un intérprete que conociera su lengua y cultura, y porque al momento de su detención no contaba con abogado o abogada.
Por ello, el tribunal federal ordenó reponer el proceso hasta el momento en el que Pablo López Alavez rindiera su declaración preparatoria, garantizando que en esta ocasión sí estuviese acompañado por intérprete y defensa acreditada.
“Es decir, Pablo López Alavez está hoy justo como hace 11 años, con un proceso suspendido en las primeras 72 horas en las que constitucionalmente debió resolverse su situación jurídica.
“Once años de espera. Esta gravísima situación, obviamente, vulnera los principios constitucionales que deben regir el proceso penal”, manifestó López Domínguez.
Además, recordó que en junio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención, mediante la opinión 23/2017, y consideró que “el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad, en materia de derechos ambientales. Esto viola su libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos”.
Por ello, el Grupo de Trabajo de la ONU declaró arbitraria la privación de la libertad de Pablo López Alavez, y solicitó al Estado mexicano su inmediata liberación, lo cual no ha sucedido.
Por ello, propuso que se exhorte al Poder Judicial del Estado a que resuelva de plano esta irregularidad, no sólo en el caso del indígena ecologista Pablo López Alavez, sino en todos los casos en los que se haya excedido notoriamente los dos años previstos constitucionalmente en el artículo 20, apartado B, fracción V, segundo párrafo.
“Esto cobra especial relevancia en los casos en que de manera ilegítima se ha utilizado el aparato de justicia como mecanismo para inhibir o castigar la defensa de los derechos humanos, como se explicó al principio”, remarcó la legisladora.
