Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax.., 21 de septiembre de 2021.- Desde el 5 de septiembre pasado, el edil de San Pedro y San Pablo Ayutla y dos autoridades más, ya habían presentado una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por amenazas y posibles agresiones en su contra.
El día 13 del mismo mes, el organismo respondió que requirió a la Policía Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, el patrullaje correspondiente; a la Fiscalía General del Estado, inicio de indagatorias. Pese a ello, la noche del lunes atentaron contra el edil Jesús Galván Rojas.
Ante los hechos constitutivos de delitos, integrantes de la organización social Comuna Oaxaca, demandaron a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Hertz Manero, y de la Fiscalía General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, investigar y castigar a los responsables del atentado registrado este 19 de septiembre.
Flavio Sosa Villavicencio, integrante del Comité Directivo, hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que garanticen la seguridad del edil y las demás autoridades comunitarias, para protegerlos de quienes pareciera por intereses personales, se oponen a la solución consensuada del conflicto con Tamazulápam del Espíritu Santo.
El activista señaló que “No hay camino para la paz, la paz es el camino…”, al tiempo de indicar que es esencial que se investigue de forma imparcial y eficaz este acto, dada la serie de amenazas que ha habido contra del munícipe.
Llamó al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, se valoren las situaciones de riesgo existentes, y se incrementen las medidas cautelares a las autoridades comunitarias: Jesús Galván Rojas, Minerva Rodríguez Patricio, presidente municipal y presidenta suplente de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe.
Explicó que la víctima del atentado Jesús Galván, es uno de los indígenas mixes que encabezan el proceso de diálogo con la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, con quienes por décadas Ayutla mantiene un conflicto agrario, por límites de tierras.
Sosa Villavicencio, celebró el hecho de que gracias al diálogo entre ambas comunidades firmaron un acuerdo de paz en el que ponen fin al problema agrario. Sin embargo, dijo, las autoridades deben hacer valer la decisión de la asamblea comunitaria y coadyuvar en garantizar la seguridad en la zona, evitando situaciones como el atentado en contra del presidente municipal, que ponen en riesgo a la población.