Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de noviembre de 2021.- Un conflicto agrario añejo y la sobreexplotación de los recursos naturales, son parte de los hechos que han derivado en la violencia que se vive actualmente en el municipio de San Esteban Atatlahuaca y que recientemente dejó una persona fallecida, al menos cuatro personas desaparecidas, 120 viviendas quemadas y un aproximado de 300 personas desplazadas.
Así lo dio a conocer Valeriano Riaño, comunero de la zona, quien relató que el conflicto agrario data de 1880 en la zona, razón por la que ha sido muy complicado resolverlo a favor de las comunidades que argumentan, con documento en mano, contar con la propiedad de su territorio.
“En el fondo es un asunto agrario porque hay un territorio dentro de lo que marca la Resolución Presidencial de Atatlahuaca que corresponde a las tres comunidades”, dijo durante su reciente presencia en la ciudad de Oaxaca.
En este sentido, detalló que hay actas que refieren que en la década de los 40, las comunidades Mier y Terán, Guerrero Grande, y Ndoyonoyuji se separaron del municipio, junto con su territorio; situación que cambió en 1972 cuando por acuerdo deciden integrarse siempre y cuando se respete la pertenecía de sus tierras.
Lo anterior no fue cumplido a cabalidad en la resolución de 1982, lo que dio origen a la pugna ya que la autoridade de Atatlahuaca argumentaba que no existia documento que avalara el acuerdo previo.
Fue hasta el 2018 que se encontró un documento en el Archivo General de la Nación que hace referencia de la existencia previa de las tres comunidades y la asignación de su territorio por parte del Estado Mexicano.
Al conflicto agrario se suma la explotación indiscriminada de los recursos naturales autorizada por la autoridad municipal y la acérrima defensa del territorio por parte de sus pobladores, quienes saben que es el bosque el que le da vida a su comunidad y a las demás cercanas.
“Desde 1949 hay telegramas dirigidos al Gobernador del Estado para parar la explotación forestal en esa zona. Las tres comunidades se unen y defienden los bosques. Incluso en el año 52 lograron expulsar un aserrado autorizado por la autoridad municipal”, relató.
La unión de las tres comunidades, hoy víctimas de la violencia, se ha mantenido para defender sus recursos naturales, prueba de ello es que, en 1978, lograron sacar de la zona otro aserradero instalado dos años atrás; al igual que en 2001, y tras siete años de lucha, consiguieron expulsar a la empresa de Aquiles Robles, encargada de la tala de árboles, bajo la protección del Comisariado Municipal, Eulogio Ribera.
Las y los pobladores también se han opuesto a la sobre explotación de un tipo de hongo sumamente codiciado por empresas japonesas, mismas que han arribado a la zona para apoderarse de la riqueza natural con la que cuentan.
Por ello y con la intención de realizar una explotación sustentable, hace algunos años se instaló un aserradero “comunitario” mismo que tuvo como resultado irregularidades económicas en beneficio de los administradores y en perjuicio de las comunidades que, hoy en día y pese a todo, mantienen la defensa de su territorio, a un muy alto costo como lo es la pérdida de vidas humanas y su patrimonio.
