Gibrán Ramírez Reyes*
Hace poco, Juan Pablo Gómez Fierro, cancerbero de las empresas trasnacionales de energía en el Poder Judicial mexicano, declinó suspender la política de precios máximos para el gas LP que establecieron la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.
De inmediato empezó una operación mediática singular y graciosa. La prensa de protección patronal y los promotores de la desregulación del sector energético lo utilizaron para ensalzarlo, como si su sentencia fuera una prueba de la imparcialidad del juzgador; según ellos, Gómez Fierro “se ha convertido en estos días en ídolo del lopezobradorismo.
Y todo porque rechazó el recurso de las gaseras en contra del tope al precio de gas impuesto por el gobierno”. Se añade, además, que “no es que Gómez Fierro haya cambiado de opinión, pues lo suyo son decisiones legales. Lo que pasa es que a los otros la ley les gusta cuando les beneficia y la aborrecen cuando los sanciona”.
Más allá de que no conozca a nadie que idolatre a Juan Pablo Gómez Fierro –fuera de las empresas energéticas trasnacionales y sus cabilderos, por supuesto– lo que pasó con la sentencia que rechazó frenar el tope a los precios máximos del gas es precisamente que el juez cambió de opinión.
Véase: en el documento público se explica que, pese a que las nuevas reglas modifican “la manera en que se venían desarrollando los mercados de gas licuado de petróleo, pasando de un esquema de libre mercado (…) a un sector regulado en el que se imponen precios máximos para la comercialización de dicho recurso”, estas no deben ser cambiadas.
Es decir, se reconoce que se afectan reglas establecidas previamente, pero se explica que no puede suspenderse el acto de autoridad, pues, según sostiene la misma sentencia, de hacerlo se afectaría al interés social, cosa que no permite la Ley de Amparo, pues “privaría a la colectividad del beneficio que tendría con la implementación de una regulación que tiene por objeto frenar el alza de precios de gas licuado de petróleo, el cual constituye un insumo indispensable para la vida de las y los mexicanos”.
Se trata del mismo juez que protegió a las empresas que cometen fraude a la ley simulando sociedades de autoabasto para poder utilizar la red a precios ridículos, un subsidio que terminamos pagando millones de usuarios domésticos por 7 mil millones de pesos cada año bajo el concepto de servicios conexos no incluidos en el MEM. ¿Qué la electricidad no es tan o más indispensable que el gas?
Se trata, asimismo, del mismo juez que suspendió en tiempo récord la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica aludiendo a derechos adquiridos y condiciones de competencia por encima de derechos humanos.
¿Por qué Gómez Fierro se comporta en un caso como garantista y en otro como simple abogado del dinero? Hay varias posibilidades: puede ser que su ponencia haya cambiado de proyectistas por unos más competentes, que pretenda recobrar legitimidad, que los capitalistas nacionales no le importen tanto como los extranjeros o, simplemente, que esta vez no le llegaron al precio.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
