Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de diciembre de 2021.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en la capital del estado, fue sede de un enésimo “tendedero” de deudores alimentarios, instalado por colectivos feministas para exigir la aplicación de la ley “3 de 3 contra la violencia” para los procesos electorales.
En Oaxaca, durante el proceso pasado de este año, los candidatos y aspirantes a un cargo público lograron burlar un mecanismo que velera por contar con representantes sin antecedentes de violencia o deudores alimentarios, solicitado a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Como fueron los casos de Humberto Parrazales, presidente electo de San Pedro Tapanatepec, por el Partido Morena, a pesar que cuenta con vista al Ministerio Público ante la omisión de sus responsabilidades alimentarias.
Así como el caso de Casiano Luis Mejía, ex candidato del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán por el Partido del Trabajo y que debido a la reposición de la elección buscará ser candidato por el mismo partido, y del presidente electo por el PRI en Mariscala de Juárez, denunciaron.
Las activistas exigieron que esos asuntos no queden impunes, así como tampoco se debe permitir que aspirantes en próximos procesos electorales pasen por alto la ley “3 de 3 contra la violencia”, por lo que demandan que se adecuen de forma inmediata los instrumentos que garanticen que ningún deudor alimentario ni violentador sea candidato o llegue al poder.
Apuntaron que las autoridades electorales tienen la obligación de solicitar información al Tribunal Superior de Justicia para que una vez que los partidos políticos den a conocer a sus candidatos, sus nombres sean revisados en cada juzgado familiar y desde el orden penal.
“Nunca más deudores alimentarios ni violentadores en el poder”, expresaron las defensoras por los derechos de las infancias y mujeres, encabezadas por Diana Luz Vásquez.
