Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de diciembre 2021.- El defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez, acompañado por sus familiares, por Consorcio Oaxaca y por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al gobierno mexicano el cumplimiento a cabalidad de la resolución emitida por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
El 14 de diciembre 2021, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó la decisión CAT/C/72/D/992/2020 en la que concluye que el Estado mexicano violó la Convención contra la Tortura, es responsable de la detención arbitraria ocurrida el 18 de mayo 2013 y de la tortura en perjuicio de Damián Gallardo y su familia, en un contexto de criminalización de la protesta social.
Establece también que el Estado mexicano debe garantizar acceso a la justicia y reparación integral del daño, incluyendo la no repetición de la criminalización en contra de pueblos indígenas.
Miguel Martín Zumalacárregui, de la Organización Mundial Contra la Tortura, señaló que la resolución del CAT es particularmente importante al ser la primera vez que dicho Comité se pronuncia en el caso de un defensor de derechos humanos y de la tortura como represalia a dicha labor en México.
Hizo un llamado al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas a que tome cartas en el asunto y se reúna de manera urgente con Damián Gallardo y sus representantes para establecer la ruta de seguimiento e implementación cabal de esta resolución vinculante.
A su vez el defensor de derechos humanos Damián Gallardo señaló:
“La decisión del CAT sienta un precedente histórico en el largo camino de ocho años y medio en la lucha por el acceso a la justicia, tras haber sido difamado, encarcelado de manera arbitraria, y torturado, con alto impacto en todo el tejido familiar, social y comunitario.
“Sin duda esta resolución marca un precedente importante sobre la verdad histórica que siempre fue negada y tergiversada por el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Hoy me dignifica de manera contundente a mí, así como a mi familia y al movimiento social, el reconocimiento de la criminalización por mi labor como defensor de los pueblos indígenas y de la educación”.
Yolanda Barranco, compañera de vida de Damián Gallardo aseguró que el reconocer y poner en el centro los impactos que tuvo la detención y tortura de Damián, no sólo para su persona sino también lo que nos ha significado en términos de salud física y emocional a nivel familiar, así como los impactos de la criminalización y violaciones a derechos humanos para el tejido organizativo, el tejido comunitario y los movimientos sociales de Oaxaca es particularmente importante.
DIGNIFICAR A SEÑALADO
Felícitas Martínez Vargas, madre de Damián Gallardo, recalcó que con esta resolución queda de manifiesto que nunca fueron verdad las terribles acusaciones contra su hijo, señaló que lo más difícil en todo el proceso fueron los señalamientos falsos que también impactaron en su comunidad Santa María Tlahuitoltepec. Exigió que, así como se generó una campaña nacional para criminalizar a Damián Gallardo, ahora, se difunda con la misma magnitud la resolución y la verdad de lo que sucedió, dignificando de esta manera a Damián Gallardo y su familia.
Por su parte, Yesica Sánchez Maya, abogada y una de las representantes del caso, hizo énfasis en que, en su decisión el Comité precisa diversas medidas particularmente importantes que el Gobierno Mexicano deberá de implementar a la brevedad como son la realización de una disculpa pública, la publicación de la resolución incluso en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca, el enjuiciamiento de los responsables y la reparación integral del daño incluyendo rehabilitación respetuosa de la cosmovisión del defensor de derechos humanos y su familia.
Agradeció a todas las organizaciones estatales, nacionales e internacionales que han acompañado el caso durante estos 8 años y medio.
Finalmente, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México señaló que este caso paradigmático evidencia la impunidad en materia de tortura misma que es la mayor deuda del Estado Mexicano con las víctimas y la sociedad. Instó a que se revisarán las acusaciones contra activistas sociales, alertó ante el abuso de la prisión preventiva y manifestó el compromiso de la OACNUDH para acompañar la implementación de la resolución del CAT en este caso y el acceso real a la justicia y reparación del daño.
