Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de diciembre de 2021.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado en los últimos dos años ocho expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos registradas en espacios particulares destinados a procesos de rehabilitación de adicciones.
Entre otros delitos, ha detectado violaciones a las garantías individuales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ante ello, el titular del órgano, Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que es impostergable hacer justiciable el andamiaje jurídico que regula el funcionamiento de estos establecimientos.
Sostuvo que no existe una estadística más global sobre la ocurrencia de estos actos, debido al estigma que hay alrededor de las personas que tiene algún tipo de adicción y que provocan la normalización de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Explicó que la estigmatización que existe alrededor de una persona con adicciones, provoca su reclusión en sitios que, en muchas ocasiones, recurren a actos que violentan su libertad, dignidad y, en casos extremos, su derecho a la vida.
Refirió que el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, entiende como privación de la libertad “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual una persona no pueda salir libremente”.
El defensor de los derechos humanos de Oaxaca, sostuvo que si bien hasta ahora, las medidas adoptadas para luchar contra la tortura se han centrado casi exclusivamente en los Estados como posibles perpetradores, es fundamental considerar que “otros agentes no estatales participan cada vez más en conductas que afectan negativamente a los derechos humanos”.
En este sentido, resaltó que “para que la prohibición absoluta e irrevocable de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se hagan realidad en la práctica, se debe prever también la protección contra las vulneraciones por parte de agentes no estatales”.
Agregó que aun cuando en Oaxaca ya se cuenta con una ley que establece el marco jurídico respecto a los centros de rehabilitación, es fundamental que se regule y vigile el funcionamiento de estos establecimientos, con la finalidad de garantizar el respeto pleno a los derechos humanos de los usuarios.
