Gibrán Ramírez Reyes*
Es imposible sustraer la política de la mirada sobre la muerte, el rasgo fundamental de los últimos lustros mexicanos. Sí podemos, en cambio, intentar escapar a la coyuntura para pensar al país entre 2008 y 2022, una idea de Fernando Escalante, que piensa que nuestro país encontrará en el espejo de estos años la gran mortandad.
Quizá, todo lo que por causa de Twitter, de la dinámica de impacto inmediato y efímero que las redes sociales han impreso a los medios de comunicación pequeños y grandes, lo que hoy parece encender los ánimos sociales, dominar el debate político, parecerá mañana fútil frente a la necesidad de comprender cómo la muerte cambió al país.
“Estos años serán recordados como el tiempo de la gran mortandad, y todo lo demás va a ser irrelevante”, profetiza Escalante. Habrá que saber cuánto retrocedió la esperanza de vida, cuánto se redujo la edad promedio de la población, la identidad de los desaparecidos.
Entre lo menos relevante estará la tragedia educativa: la deserción masiva que trajo la pandemia y que las autoridades educativas y las universidades públicas no han querido comunicar, el atraso de más de dos años en socialización, habilidades y contenidos educativos de nuestros niños, el cambio en la estructura productiva del país.
Con suerte y buen gobierno, la circunstancia será otra; sin ellos, solo habremos para entonces adjudicado todo a la fatalidad, a esas cosas que pasan sin que puedan explicarse ni evitarse.
Tomar perspectiva de los años recientes sin apasionamientos es casi imposible. Intentaré con datos oficiales, sin nombres propios. De enero de 2020 a diciembre de 2021, según la Secretaría de Salud, tuvimos 655 mil muertes en exceso, la mayor parte de ellas por covid-19 y causas asociadas.
Han desaparecido 49 mil 581 personas desde el 1 de diciembre de 2018. (Las desapariciones merecen una observación aparte. En el gobierno antepasado se registraron 26 mil; en el pasado, más de 21 mil; en este se ha reconocido más de 49 mil, casi el doble apenas a medio sexenio.
¿Se debe eso a una mayor transparencia?, ¿hay algún mecanismo para registrar más desapariciones que homicidios dolosos?, ¿es porque la subsecretaría de derechos humanos ha ido al encuentro de las fosas clandestinas?).
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 habría ocurrido el asesinato de 46 mil 881 personas, en 2020 habrían sucedido 51 mil 431 y, en 2019, 52 mil 411. (¿Puede la reducción porcentual de homicidios dolosos entre 2020 y 2021 ser resultado del despliegue de la Guardia Nacional o es un amaño del mes de diciembre como sostienen algunos?).
El saldo acumulado de víctimas del orden violento y la pandemia es, en este trienio, de 855 mil 304 personas. Si las cosas siguieran más o menos constantes, si no tuviéramos ni un muerto más por covid, hacia finales de 2024 tendríamos un total de 1 millón 45 mil 528 víctimas acumuladas de pandemia, asesinatos y desapariciones.
Desde luego, el debate político tragará esta cifra, la hará un eslogan, señalarán al subsecretario, al presidente, al régimen, a los villanos de moda. Del otro lado señalaremos el sistema de salud en ruinas (que siguió sin replantearse seriamente), la corrupción heredada (y persistente), la culpa de los gobernadores (y el federalismo maltrecho que siguió sin reformarse).
Eventualmente, sin embargo, quién sabe cómo, enfrentaremos el retorno colectivo de lo reprimido: muertes sin duelo, dolores ahogados, comunidades rotas, huérfanos deambulantes, madres buscadoras no escuchadas, discursos políticos banales que pasaron por alto la seriedad de lo que sucedía.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
@gibranrr
