Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de septiembre de 2019.- A tres días que se cumplan dos años de sismo que devastó el Istmo y otras regiones de Oaxaca, únicamente se tiene el 20 por ciento de avance en el proceso de reconstrucción de viviendas, informó el diputado local Pável Meléndez Cruz.
“Estamos hablando que el avance es muy menor, en términos de vivienda no llega al 30 por ciento, en términos de escuela no llega al 20 por ciento, en términos de templos y sitios históricos no llega ni al 10 por ciento y en términos de salud estamos por lo mismo, de manera global hablamos de menos del 20 por ciento de avance”, dijo en entrevista.
Por lo anterior, añadió que ya se hicieron las observaciones puntuales a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para que se presenten la denuncian necesarias a quien corresponda en toda la administración pública federal pasada, incluyendo a la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga por el probable desvío de recursos en reconstrucción de viviendas dañadas en 2017.
“La nueva Sedatu ya presentó los instrumentos a partir de las observaciones derivadas de las auditorias, en el 2017 lo que se vio fue un negocio y no un proyecto responsable de reconstrucción en Oaxaca y otras partes de la República en donde se registraron daños por los sismos”, manifestó.
Y es que de acuerdo con el legislador, no esta claro el destino de 4 mil 800 millones que fueron reportados por las autoridades federales para la reconstrucción y que supuestamente fueron lo que se repartieron por medio de las tarjetas Bansefi, “es claro que en la reconstrucción no esta, los recorridos en la zona dan fe de ello”, señaló.
Detalló que son el Istmo, Mixteca y Costa las regiones más afectadas en más de 100 municipios y localidades que aún padecen los estragos de una mala aplicación de las estrategias de reconstrucción por parte del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Mientras que en el marco de su ponencia al interior del Foro Perspectivas de Avance a dos años de los sismos de 2017, se pronunció por una transición urgente de la antigua Protección Civil a un modelo de Gestión Integral del Riesgo, que permita que los fenómenos naturales impacten lo menos posible en perjuicio de la comunidad y que la atención posterior pueda darse de forma rápida y efectiva.
Dicho modelo incluye la identificación y monitoreo de cualquier amenaza natural, la prevención y mitigación, preparación en la respuesta, atención de la emergencia y la reconstrucción como principales acciones para lograr menores afectaciones en los pueblos y sus habitantes quienes podrían recuperarse rápidamente.
Para su aplicación, de acuerdo con el legislador, es necesario tomar en cuenta los conocimientos previos de los pueblos y sus practicas tradicionales que pueden convertirse en un complemento de las estrategias que se planteen para prevenir y atender las emergencias derivadas de fenómenos naturales.