Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de febrero de 2022.- La retención de autoridades municipales en Oaxaca se ha acentuado este inicio de año, con al menos tres ediles que han sido sometidos a esta acción de sus gobernantes.
El encarcelamiento provisional de las autoridades son parte de un mecanismo radical de protesta, de denuncia y para ser atendidos de forma inmediata por la Secretaría General de Gobierno, ante tardías y nulas respuestas a sus peticiones.
Se trata de casos que tienen en común que son municipios regidos por Sistemas Normativos Interno (SNI), donde los ciudadanos exigen la rendición de cuentas.
El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de febrero, contra el presidente municipal de San Sebastián Teitipac, Ezequiel Hernández, que fue retenido en la cárcel municipal para exigirle informes de la implementación de recursos municipales.
De acuerdo a los pobladores de esta comunidad de los Valles Centrales, el Comité de Contraloría les informó que no existen datos de la situación financiera del ayuntamiento, así como que presuntamente el edil trata de encubrir al tesorero municipal, y que la situación puede deberse a un desvío de recursos.
Por lo que demandaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego), sin embargo, la atención no rindió frutos, pues hasta el lunes el presidente continuaba retenido en la cárcel municipal.
Durante enero se registraron dos eventos más. El presidente de San Martín Peras, del distrito de Juxtlahuaca en la región Mixteca, Román Juárez estuvo encarcelado por casi tres semanas.
Este conflicto derivó en la renuncia del edil y también arrojó como víctimas a otras personas integrantes de su familia.
Además, este problema para exigir cuentas claras de los recursos salió del municipio y ocasionó manifestaciones en Ciudad Administrativa y en la sede del Congreso del Estado, donde por varias horas el personal estuvo “retenido” en las instalaciones por la “toma” del complejo por parte de los manifestantes, quienes presuntamente presentaron al edil atado de pies y manos.
Pero la inestabilidad en la comunidad también ocasionó la retención de tres integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Coicoyán de las Flores por parte de habitantes de la agencia de San Martín Peras, agencia de San Martín Peras, por presuntamente invadir predios.
A inicios de enero, otro caso se registró en la Sierra Norte, en el municipio de Ixtlán de Juárez. En esta localidad el edil Leopoldo Nicolás Santiago fue retenido por habitantes de la comunidad de Santiago Teotlasco, también por razones de dinero.
Aunque se trataban de fianzas desde el año 2014, esta medida fue para presionar al gobierno del estado a que solucione sobre un recurso de más de 400 mil pesos a beneficio de su comunidad, pues a pesar de diversos trámites en dependencias estatales no tienen respuesta.
Junto con el edil también se retuvo en esa comunidad al regidor de Hacienda, Melchor Morales Ruiz, y de acuerdo a un comunicado de la población, ambas autoridades no se encontraban encarceladas, sino que iban a permanecer en la comunidad en “asamblea permanente”, hasta que cumpla con el pago de los recursos presupuestales que también exigieron.
La intervención de la Segego ha sido tardía y con largos procesos para que se puedan destrabar los conflictos en las comunidades.
