Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de marzo de 2022.- A fin de establecer vínculos y lazos de carácter institucional, el titular del Poder Judicial del Estado suscribió un Convenio de Colaboración con el Presidente Municipal de Ocotlán de Morelos, a través del cual suman esfuerzos encaminados a mejorar los servicios de administración de justicia en esa localidad de los Valles Centrales.
En el marco de una visita que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura realizó al edil e integrantes de su cabildo en el palacio municipal, intercambiaron puntos de vista respecto al funcionamiento, operatividad y requerimientos de los juzgados en distintas materias que funcionan en esta zona, para mejorar los servicios hacia la ciudadanía.
El Magistrado Presidente señaló que la Escuela Judicial tiene un papel muy importante en materia de capacitación y mantiene estrecha relación con las autoridades municipales de toda la entidad con el objetivo de brindar acompañamiento en los procesos de justicia comunitaria de los pueblos y localidades indígenas en Oaxaca.
Asimismo, reiteró la apertura de su administración para escuchar y dar respuesta en la medida de sus competencias y atribuciones a los planteamientos que en lo que corresponde a los servicios de administración de justicia le hagan los ayuntamientos.
En la construcción de un sistema de justicia pluralista, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca elaboró el Protocolo para la armonización y la coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afromexicana, resultado de un esfuerzo conjunto entre la Sala de Justicia Indígena y la Comisión de Pluralismo Jurídico, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Plural-Ciesas-Ps).
Con ello, se cuenta con una herramienta que de manera respetuosa de la autonomía e independencia judicial auxilie a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia a las personas integrantes de los pueblos indígenas adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, como lo marca el artículo primero constitucional.
