Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 29 de abril de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves la segunda de los tres cambios a la Constitución preparados para la segunda mitad de su sexenio: la reforma electoral.
“Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, argumentó sobre la iniciativa que llegará este mismo jueves al Congreso.
La iniciativa que será enviada al Congreso propone que el actual Instituto Nacional Electoral sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que, además, sería el único órgano electoral en todo México.
¿Por qué decimos esto? Porque la iniciativa propone la eliminación de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Estas unidades trabajan en coordinación con el INE en la realización de comicios estatales, como los seis que habrá en junio próximo cuando Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas elijan a su nuevo o nueva gobernadora.
HOMOLOGAR COMICIOS
El INE trabaja con los OPLE’s para homologar los estándares con los que se realizan las elecciones.
El cruce de declaraciones entre el presidente López Obrador y consejeros del INE como Lorenzo Córdova o Ciro Murayama tiene bastante historia y, por ello, la iniciativa sugiere cambiar la forma en que se eligen a los miembros del Consejo del órgano electoral.
Actualmente, el puesto de Lorenzo Córdova (que dejará el INE en 2023) y de los otros 10 consejeros es designado por votación de la Cámara de Diputados. La o el candidato debe obtener dos terceras partes del voto de la Cámara baja.
Para que su perfil llegue a ser votado por el Pleno, los interesados en ser consejeros electorales deben pasar por un proceso que incluye ser analizados por un comité técnico de evaluación que evalúa la idoneidad de las personas para desempeñar el cargo.
La propuesta de López Obrador sugiere simplificar esto y que sea la ciudadanía la que elija a las y los consejeros mediante votación popular, que se celebraría el 1 de agosto. Los candidatos serían propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el grupo pasaría de 11 a 7 consejeros.
El consejo del INEC no sería el único afectado por la introducción de la votación para elegir a sus miembros, pues la reforma electoral estipula que los miembros del Tribunal Electoral (también criticados ampliamente por el presidente) sean elegidos por voto popular.
CONGRESOS LOCALES
El proceso actual consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone al Senado una terna de candidatos para ocupar uno de los siete asientos del Pleno del Tribunal. Para ser elegido, la persona debe obtener dos terceras partes del voto de la Cámara alta.
La reforma electoral no solo tocaría el Congreso de la Unión, sino que también pretende influir en la conformación de las legislaturas locales. La propuesta es que, con base en la población de cada uno de los estados, los congresos pueden tener desde 15 hasta 45 legisladores.
Como referencia, el Congreso de la Ciudad de México tiene 66 diputadas y diputados, mientras que el del Estado de México cuenta con 75 legisladores.
Adiós, legisladores plurinominales
Hablamos aquí de los senadores y diputados que no llegan al Congreso de la Unión por el voto directo de la población. En el caso de la Cámara alta, son 32, mientras que en la Cámara baja son 200.
Para que un partido político pueda participar en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa (o sea, por voto directo) en cuando menos 200 de los 300 distritos uninominales.
Si cumple con este requisito, el partido político puede registrar sus listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas listas contienen 40 fórmulas, es decir, el nombre de titulares y suplentes de la diputación plurinominal.
Estas listas regionales son cerradas y bloqueadas; el orden de las candidaturas es invariable, por lo que el elector no tiene la opción de eliminar candidatos o alterar su orden de presentación.
REVOCACIÓN DE MANDATO
Aquí la iniciativa difiere un poco de la propuesta de López Obrador. Tras darse a conocer los resultados de la consulta de revocación del 10 de abril, el mandatario propuso que el porcentaje para declarar el resultado como vinculante pasara de 40 a 20 por ciento.
“Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento”, justificó el mandatario.
La iniciativa presentada por Horacio Duarte finalmente propone que ese porcentaje baje, pero solo hasta 33 por ciento.
VOTO ELECTRÓNICO
Si la iniciativa es aprobada por ambas Cámaras, el INEC tomaría en cuenta una situación: no todo México tiene acceso a servicios de internet.
De acuerdo con el presidente López Obrador, la autoridad electoral pondría a disposición del electorado el voto electrónico en las zonas con cobertura, mientras que se continuaría con la instalación de casillas en regiones donde no hay conexión.
FINANCIAMIENTO
Aquí lo que se propone es que los partidos políticos solo reciban dinero público para gastos de campaña y que ya no se les eroguen recursos cada mes como ocurre en la actualidad. La reforma electoral también propone una regulación a las aportaciones de terceros a las formaciones políticas.
“Los gastos en burocracia partidista solo promueven que los partidos no cobren cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia”, argumentó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
AYUNTAMIENTOS
Las alcaldías tampoco quedarían inmunes a la iniciativa, pues se sugiere que los ayuntamientos tengan un máximo de 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
“Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular, sino que solo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo”, apunta el documento.
(Información de “El Financiero”)
