Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de mayo de 2022.- Al señalar que el Poder Judicial del Estado avanza en una agenda de trabajo que busca que la salvaguarda de los derechos humanos sea verdaderamente el centro de su labor jurisdiccional, el magistrado presidente, Eduardo Pinacho Sánchez anunció que está en marcha la conformación del Centro de Información de Justicia Indígena (CIJI); el cual reforzará los trabajos de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Mencionó que este Centro cumplirá con dos propósitos: el primero brindar información pertinente y sistematizada a los operadores jurisdiccionales para que la valoración de asuntos y toma de decisiones tenga referentes basados en las realidades concretas de los pueblos y comunidades indígenas y segundo, visibilizar la diversidad jurídica existente en las ocho regiones del estado.
En su intervención en el marco de la presentación del libro “Jurisdicción Indígena, entre la Asamblea y la Corte: Caso San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca”, una valiosa aportación a los derechos indígenas y el pluralismo jurídico, señaló que la nueva obra contiene las notas características del nuevo sistema de justicia que se está construyendo en Oaxaca y revela la existencia de un Poder Judicial más versátil y adaptable que promueve y defiende en primer lugar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, al presentar el libro, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –quien se enlazó por videoconferencia- y el Magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal coincidieron en que la obra, en un estado plural como el nuestro, contribuye a enriquecer el sistema jurídico y a legitimar las formas de organización social.
El Caso San Cristóbal Suchixtlahuaca se considera un hecho histórico en el sistema judicial del país, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la validez de la sentencia emitida por la Sala de Justicia Indígena la cual concluyó que la autoridad comunitaria ejerció su libre determinación y autonomía, sin violentar los límites establecidos en nuestra Carta Magna.
La obra fue editada por el Poder Judicial del Estado en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Plural-Ciesas).
