Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de mayo de 2022.- Las personas con discapacidad, durante mucho tiempo antes de obtener reconocimiento como sujetos de derechos, han tenido que vencer progresivamente modelos que ofendían y denigraban su dignidad humana, catalogándolos como sujetos carentes de voluntad, inteligencia e incluso que las decisiones se tomaban por ellas y ellos.
Lo anterior, se establece en el artículo “Los derechos de las personas con discapacidad y sus mecanismos de monitoreo” que pertenece a la colección bibliográfica Tópicos en Derechos Humanos, conformada por ensayos y artículos elaborados por especialistas, en la labor del Poder Judicial del Estado de dar a conocer las aportaciones y abrir un debate en torno a temas relevantes y su contexto actual.
En el escrito, de la autoría de la abogada Elizabeth Rivera Arrazola, Jefa del Departamento de Vinculación de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, y que se puede consultar en el enlace https://bit.ly/3iaog0r, se menciona que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, no ha sido una labor fácil.
“La transversalización de los derechos humanos en el quehacer institucional, progresivamente ha incorporado alguno de los derechos contenidos en la Convención, sin embargo, aún hace falta una cultura de inclusión, igualdad y no discriminación”, recalcó la especialista sobre el tema.
Plantea que en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad del 3 de diciembre de 2006, se tenía el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como fomentar el respeto de su integridad.
Por otra parte, en su compromiso de velar de manera permanente por un acceso pleno a la justicia, el Poder Judicial del Estado promueve entre los servidores públicos judiciales, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ayuda a fortalecer los mecanismos de protección hacia este grupo de la población en particular.
