Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 13 de mayo de 2022.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55VG/2022 al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por violaciones graves a los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, así como de sus hijas e hijos que viven con ellas, derivadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, por prácticas de trabajo forzoso y condiciones indignas de internamiento.
La CNDH solicitó al gobernador que, de manera inmediata, gire instrucciones para que cesen los tratos crueles, inhumanos y degradantes que tienen lugar en esa prisión, creando para ello mecanismos claros, específicos y reglamentados, además de tomar las medidas necesarias tendientes a impedir represalias contra las mujeres privadas de la libertad, garantizando su libertad de expresión.
De igual forma, efectuar las gestiones necesarias para que se provea alimentos suficientes y de calidad; realizar un protocolo de clasificación de la población penitenciaria; ampliar el programa de actividades laborales, de capacitación, educación y deportivas; designar personal para administrar las tiendas y los teléfonos existentes en el interior de la prisión; diseñar protocolos para ofrecer a las personas mayores, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+ y con adicciones un tratamiento diferencial y especializado, además de capacitar al personal en materia de derechos humanos.
En visitas de supervisión penitenciaria, realizadas en octubre y diciembre del 2021 por personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, se advirtieron deficiencias para garantizar la integridad física y moral de las mujeres internas, estancia adecuada, condiciones de gobernabilidad, atención a grupos vulnerables y espacios inadecuados para la atención de niñas y niños que viven con ellas.
El análisis de evidencias permitió a la CNDH acreditar violaciones a los derechos humanos al trato digno, al derecho a la reinserción social, a una vida libre de violencia y discriminación, así como al interés superior de la niñez, pues las mujeres privadas de la libertad son sometidas a trabajos forzosos en diversas áreas y no cuentan con servicio médico durante la noche; la infraestructura es inadecuada y quienes viven con sus hijas e hijos lo hacen en condiciones insalubres.
La Comisión Nacional mostró preocupación por la insuficiencia de personal penitenciario respecto de la cantidad de población existente, lo que puede favorecer al desarrollo de cogobierno y autogobierno; la presencia de negocios, propiedad de las mujeres privadas de la libertad, como restaurantes y tiendas, así como la libre circulación de dinero, lo que es factor para actividades ilícitas. Algunas internas denunciaron que cuando les corresponde su visita familiar, deben pagar a otra compañera para que puedan acceder a ello y, en caso de no tener recursos económicos, están impedidas para ejercer este derecho.
Otras tienen el control de los teléfonos y las llamadas, lo cual repercute en la aparición de actividades ilícitas como cobros indebidos y provoca que lleguen a tener sentimientos de frustración y enojo.
Mujeres que se asumen como indígenas señalaron que varios custodios no les permiten hablar su lengua; el centro de reclusión no cuenta con adaptaciones arquitectónicas para facilitar la movilidad de las 14 personas con discapacidad que se encuentran en el centro penitenciario; no existe un área específica para albergar a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ ni espacios para atender a personas con adicciones.
En lo que respecta a niñas y niños que viven con sus madres, se constató que lo hacen en condiciones insalubres y participan en labores de deshierbe en zonas con presencia de animales peligrosos como serpientes; algunos de ellos no cuentan con registro de nacimiento y para poder tramitarlo sus madres deben pagar 800 pesos, entre otras irregularidades.
En suma, la investigación desarrollada permitió evidenciar que las mujeres privadas de la libertad en el penal de Tanivet sufren violencia institucional por estar sujetas a prácticas de discriminación, al impedírseles o anularles el reconocimiento o ejercicio de sus derechos.
Carecen de una vida digna, servicios de salud y alimentación adecuados, insuficiencia de actividades, restricciones de su derecho al contacto con el exterior y la práctica de trabajos forzosos, ante lo cual no se observaron acciones de las autoridades penitenciarias para cambiar dicha situación.
(Información de «Milenio»)
