Yuridiana Sosa/Zona Roja. Foto: Vivo Noticias.
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de mayo de 2022.- La Secretaría General del gobierno de Oaxaca no atiende la petición de familiares de víctimas, que reclaman la liberación de tres personas retenidas desde hace más de un mes en comunidad de San Martín Peras, pero efectuó anoche un desalojo violento en contra de quienes exigen justicia.
De forma reiterada pobladores y autoridades de San Martín Peras, en la región Mixteca, han sufrido de retenciones por parte de su comunidad en este año, en la que ha sobresalido la pasiva actuación de la Segego.
De enero a la fecha se han registrado al menos tres hechos en los que se ha privado de su libertad a ciudadanos y autoridades e incluso hasta se ha cometido la retención de pobladores de otras comunidades en territorio de Peras, todas escudadas en el régimen de Sistemas Normativos Internos.
El atropello más reciente ocurrió el pasado 7 de abril contra tres hombres, en la agencia de Cerro Hidalgo de dicho municipio mixteco, quienes a más de un mes siguen retenidos y sus familias a la espera de una efectiva intervención del gobierno del estado.
Bernardino Pérez Mendoza, Sergio Salvador López y Filiberto Gracias Rivera están retenidos al ser sorprendidos fotografiando lugares públicos y realizando pegas de una convocatoria del Comité Ciudadano de San Martín Peras, sin permiso de la autoridad de Cerro Hidalgo.
La libertad de los hombres depende de la Segego, que logró de forma tardía, casi dos semanas después del hecho, una mesa de diálogo con las autoridades auxiliares, locales y familiares de las víctimas, sin que existan nuevos avances del caso.
Uno de los planteamientos de las autoridades de Cerro Hidalgo en esa mesa de diálogo, para liberar a los tres hombres, fue su separación oficial del municipio de San Martín Peras para integrarse como población de Coicoyán de las Flores.
PRESIONES
Para tratar de liberar a sus vecinos y familiares, habitantes de San Martín Peras, “tomaron” desde hace una semana la sede de la Vicefiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca.
Al no conseguir respuestas de la Segego para recuperar a los tres hombres retenidos desde el 7 de abril, los familiares y amigos de las víctimas recurrieron a acciones de protestas, en la que igualmente se registró la retención de un trabajador en la dependencia.
Pero ni con esa manifestación la secretaría a cargo de Francisco García, ofrece avances en el caso. En cambio, ordenó anoche un desalojo violento de los manifestantes en la sede de la Vicefiscalía, con saldo de varios lesionados.
INTERVENCIONES SIN RESULTADO
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió el expediente de queja DDHPO/003/SJ/(12)/OAX/2022, a través del cual solicitó la intervención de distintas autoridades estatales.
Tras ello, se informó que elementos de la Policía Estatal intentaron resguardar a las víctimas, pero no lograron ingresar a la comunidad ante la oposición de los pobladores.
OTROS HECHOS
La aplicación del “orden” por cuenta propia por parte de los pobladores de San Martín Peras se ha exaltado desde el inicio de este año.
Primero, ocurrió la retención del presidente de San Martín Peras, del distrito de Juxtlahuaca, Román Juárez, por casi tres semanas, para exigirle cuentas de la aplicación de recursos públicos.
Como parte de su protesta también se retuvieron a otras autoridades municipales y hasta integrantes de su familia.
Esta manifestación concluyó con la renuncia del edil, a quien expusieron atado de pies y manos en manifestaciones en Ciudad Administrativa y en el Congreso del Estado para presionar a las autoridades estatales el cumplimiento de sus demandas.
Días después de la “detención” de Román Juárez, tres integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Coicoyán de las Flores fueron privados de su libertad por habitantes pertenecientes a San Martín Peras, presuntamente por invadir predios.
Las enemistades de San Martín Peras con diversas comunidades también generó en julio de 2020 la retención de 12 pobladores y policías municipales por parte de la comunidad vecina de Santos Reyes Zochiquilazala, de Santiago Juxtlahuaca.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, y su titular Francisco García, ha sido señalado en diversas ocasiones de su responsabilidad por omisión en estos actos, pues previo a estas acciones existen llamados o signos de alertas sobre las complicaciones en las comunidades, las cuales pasa por alto.
