Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de mayo de 2022.- ¿De verdad ninguna autoridad puede poner orden en la zona triqui de Oaxaca? ¿Quién o quiénes azuzan la violencia y provocan hasta asesinatos cada vez que se está por llegar a un acuerdo? ¿Desde el gobierno se impide la pacificación?
La zona triqui del estado, población étnica asentada principalmente en los distrito de Juxtlahuaca y Putla, históricamente han sido vilipendiados y marginados de toda clase de instancias gubernamentales. Y de ellos se han valido “líderes” para agruparlos y usarlos para sus fines personales y políticos.
Tanto que hasta una organización, denominada Ubisort, aparece en el escenario, sin tener representatividad en la zona o en el conflicto, para abonar a la desestabilización… alentada desde la Secretaría General de Gobierno (Segego).
Apenas el domingo, la Secretaría de Gobernación confirmó la suspensión del retorno a Tierra Blanca, que se tenía programado para este lunes 16 de mayo.
Mientras tanto, los desplazados de San Juan Copala, suman más de 11 años en la ciudad de Oaxaca y ya son prósperos comerciantes, apoderados de los mejores locales comerciales: corredores del Palacio de Gobierno y el zócalo, amparados en medidas cautelares de la CIDH.
LARGA TRADICIÓN
A cuatro días de que se iba a llevar a cabo el retorno seguro de desplazados triquis de Tierra Blanca Copala, de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca, el MULT rompió con el acuerdo ante el gobierno de México y Oaxaca.
El argumento, el asesinato el jueves 12 de mayo de uno de sus militantes, Luciano Pérez Martínez, en Juxtlahuaca. De inmediato, el MULT culpó a los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino y Horacio Santiago García, lo que impidió una primera incursión oficial de representaciones a la zona, el viernes 13.
Un “convenio de no agresión” logrado de manera inédita entre distintas instancias federales y estatales con ambos grupos representantes de la comunidad indígena triqui, firmado el pasado 4 de mayo en la Secretaría de Gobernación, estableció que el 16 de mayo se iniciaría con el retorno de un centenar de familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, quienes de forma obligada por la violencia se exiliaron desde el 15 de enero de 2021. Pero se frustró.
EL ORIGEN
De acuerdo con información recopilada por la reportera Yuridiana Sosa, de ZONA ROJA, en enero de 2021 se registró un sitio y ataques armados a la comunidad de Tierra Blanca Copala, asediada desde meses antes, por lo que comenzó el desplazamiento de más de 200 personas.
De manera inmediata, las familias se refugiaron en comunidad vecina de Yosoyuxi Copala, de Santiago Juxtlahuaca; después, comenzaron a desplazarse a la capital del estado y a la Ciudad de México por medio de campamentos a manera de protesta y en busca de justicia para su retorno, lo cual emprendieron bajo el respaldo del MULTI.
En ese entonces y ahora, apuntaron que fueron realizados por el MULT contra indígenas independientes de organizaciones, hasta ese momento.
Ante estos actos, el 12 de febrero la Secretaría de Gobernación, por medio del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, acudió a la región triqui para dar a conocer un plan integral que contemplaba seguridad, justicia, salud y atención humanitaria a las familias afectadas, lo cual se estableció tras visitas previas del 8 de febrero para conocer las condiciones de la comunidad.
Hasta ese entonces y a pesar de evidencias, el gobierno de Oaxaca desconocía los ataques y de un desplazamiento masivo. Tuvo que intervenir Gobernación, para iniciar los diálogos.
INTENTOS FALLIDOS
Como parte del plan para el retorno, la Guardia Nacional realizaría su ingreso a la comunidad de Tierra Blanca Copala para garantizar las condiciones, sin embargo, el 18 de febrero el MULTI denunció que el MUL impidió las acciones de seguridad de los uniformados.
Con esto, el MULT, liderado por el profesor Rogelio Pensamiento, incumplía con su postura de también estar a favor de un retorno seguro, señaló el grupo afectado.
Esto originó la movilización de los desplazados a la capital del estado y a la Ciudad de México.
En otro intento, el pasado 12 de abril la Guardia Nacional y Policía Estatal trataron de ingresar a Tierra Blanca Copala como parte de las acciones par el regreso de familias desplazadas, pero integrantes del MULT impidieron su paso y denunciaron que el operativo lo llevaron con violencia, aunque no se registraron personas afectadas, ni disparos de armas.
PROTESTAS EN CDMX
A finales de febrero, por medio de caravanas que incluían la participación de otras familias desplazadas de San Juan y San Miguel Copala, los indígenas triquis arribaron a la Ciudad de México y comenzaron con protestas en Ciudad de México en busca de atención del Gobierno de México.
Llevaron a cabo múltiples bloqueos y campamentos en diferentes puntos, los cuales se fueron intensificando con el paso del tiempo.
Entre las sedes en las que han hecho presencia sobresale Palacio Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y recientemente, frente al Palacio de Bellas Artes.
Durante su estancia en el centro del país, los triquis también han sido víctimas de enfrentamientos con la Policía del Gobierno capitalino.
El 11 de enero de este año 2022, se enfrentaron a elementos de la policía de la Ciudad de México durante el desalojo de un bloqueo en avenida Reforma e Insurgentes, por medio del cual los triquis exigieron espacios para la venta de sus productos, luego de casi un año de estancia en esa ciudad.
El más reciente ocurrió el pasado 25 de abril, cuando las fuerzas policiales desalojaron a unas 100 familias del campamento frente a Palacio de Bellas Artes y por el que las mujeres indígenas acusaron ser violentadas.
De forma simultánea, mantuvieron protestas en la ciudad de Oaxaca de Juárez, zona conurbada y la región Mixteca para condenar los actos de agresiones y exigir a los gobiernos el regreso seguro a sus comunidades.
El pasado 28 de abril el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) exigió estar dispuesto a una mesa de diálogo con el MULT para llegar a acuerdos que permitan su retorno.
En tanto, mantenían la advertencia de movilizaciones en la Ciudad de México y en Oaxaca.
ACUSACIONES MUTUAS Y VIOLENCIA
Las condiciones de paz para el retorno se han visto empañadas por una serie de hechos violentos y acusaciones mutuas entre las organizaciones involucradas.
Tal como ocurrió el pasado 12 de mayo de parte del MULT contra el MULTI por el asesinato de un integrante del primer grupo.
Pero previamente, el 31 de enero, el MULTI también se deslindó de acusaciones del MULT por un supuesto ataque armado en Tierra Blanca Copala.
Con ese ataque se contabilizaba la segunda agresión armada reportada por el MULT en el transcurso de dos semanas, la anterior había ocurrido el 17 de enero y de lo cual también se acusaron mutuamente.
Por ello, el MULTI señaló que “no es casualidad que hay actores que no les conviene que un proyecto de pacificación prospere en la nación Triqui, pues atenta contra sus intereses y harán lo posible por derribarlo”.
Esos actos, agregó, ponían en riesgo el proyecto a favor de un centenar de familias, lo cual replantearon en un documento enviado al gobierno de México el 25 de enero.
OTRAS ACCIONES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones por el desplazamiento forzado de indígenas triquis de Tierra Blanca Copala al gobierno de Oaxaca, pero no al gobierno federal.
La CNDH dio a conocer la recomendación 36/2022 dirigida al gobernador Alejandro Murat, para la atención integral de las familias afectadas por el hecho ocurrido en enero de 2021.
Pero la omisión contra el gobierno de México generó inconformidad del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), pues consideraron que se incumplen los convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos al evitar llamar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
¿QUÉ SIGUE?
La situación regresó al punto de retorno. La noche del domingo 15 de mayo, mediante un video, militantes del MULTI confirmaron que no habría retorno inmediato a Tierra Blanca.
Horas antes, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob emitió un comunicado, en que llamaba a las partes al diálogo.
A la par, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), bloqueó accesos a La Cumbre, La Sabana y Yosoyuxi. Nada que ver ellos en el conflicto, pero Fabián Pereda ha sabido usar muy bien a esa pequeña representación para alcanzar beneficios personales y él mismo ha presumido en redes sociales vehículos de lujo, ropa de marca, relojes y teléfono celular de última generación.
Hay mucho por esclarecer antes, si se quiere avanzar en el regreso de los desplazados a Tierra Blanca, y los anquilosados de San Juan Copala.
Para empezar: ¿cuándo investigará el gobierno federal el tráfico de armas y drogas, así como el paraíso de autos robados en la Mixteca? ¿Cuándo concretará el compromiso de indagar lavado de dinero de políticos para financiar la violencia? ¿Y el gobierno de Alejandro Murat cuándo se fajará y pondrá orden, sin violencia, en la zona? O no le conviene a nadie que haya paz, sino que reine la impunidad.
